Por Andrea Ávila

La directora editorial de diario El Telégrafo, Carla Maldonado, fue entrevistada para el podcast Atacadas en la red, proyecto desarrollado por la venezolana Katherine Pennacchio, y presentado el 20 de diciembre pasado. Su testimonio se suma al de nueve periodistas latinoamericanas más sobre los excesos que han vivido en el mundo digital, y calza perfecto con el inicio de la campaña electoral.

Maldonado se refiere a un episodio en particular: en plena pandemia, el 19 de mayo de 2020, el presidente Lenín Moreno firmó el decreto 1059, con el cual dio paso a la liquidación de los medios públicos. Dos meses después, el 17 de julio, el proceso comenzó con el despido de 80 % de la plantilla. “La gente que fue despedida (…) me echa a mí la responsabilidad”, dice en el podcast. Ella asegura que actuó con transparencia, que le dijo a la planta de periodistas que “busquen alternativas de trabajo o piensen qué hacer con el dinero que recibirán como indemnización”. Maldonado afirma que desconocía la magnitud de los despidos, que -según ella- se produjeron porque el Estado necesitaba recursos “…para los enfermos, hospitales y cuestiones sociales”. Con igual convencimiento, responsabiliza a los simpatizantes del expresidente Rafael Correa de los ataques que recibió (cuatrocientos tuits llenos de insultos, de acuerdo con su contabilidad) porque muchos de los periodistas separados de sus funciones eran -según su criterio- “fieles al correísmo”.

Ella considera que los insultos se dieron porque es mujer. Porque ocupa un cargo directivo. Porque la quieren asustar y silenciar. Y el objetivo es herir su dignidad y desacreditarla. Sobre el relato de Maldonado hay mucho que decir.

La cualidad de digno supone ser merecedor de algo. Maldonado, en este contexto, está convencida de que aquello que merece no le es dado: a ella le hiere que se hagan comentarios negativos sobre su aspecto físico. Es lo que más menciona en el podcast. Quizás con esas referencias, se hiera su autoestima o su vanidad, pero no su dignidad. La dignidad es otra cosa y nadie nos la puede quitar, la podemos perder, empeñar, entregar pero no puede ser arrebatada. Acá le falta un poco de conocimiento básico sobre los términos.

La directora editorial de El Telégrafo está convencida de que los mensajes que recibió tenían como objetivo “echar su credibilidad al piso”. Al escuchar sus afirmaciones y posiciones a lo largo del podcast, es evidente que su relato es todo menos creíble. Es decir, quienes la atacan no mancillan su credibilidad, pero sus propios argumentos, sí lo hacen. Primero asegura que la medida del gobierno se produjo para entregar recursos a los hospitales. Falso. La ministra Andramugo renunció precisamente por eso: porque el gobierno no le dio presupuesto suficiente para atender la emergecia sanitaria. Los trabajadores de la salud han hecho varias marchas de protesta porque están impagos, muchos han sido despedidos y no cuentan con material médico suficiente. Y en ese contexto, se privilegió el pago a la deuda externa. Si Maldonado fuese creíble contaría la historia como es y no como le conviene al poder que representa.

Hay más elementos para no confiar en su relato. Al inicio asegura que la medida tomada por el gobierno fue técnica. Pero, luego, se desdice y afirma que fue política. Lo repite algunas veces. Y lo reafirma al señalar que muchos de los periodistas separados de sus funciones eran “fieles al correísmo”. Es decir, fueron despedidos por sus posiciones políticas. La credibilidad de Maldonado pende de la liviandad de sus argumentos y se desmorona por su propia responsabilidad. No puede pedir a nadie que se le crea cuando ella misma en un mismo relato se desdice y contradice.

Maldonado olvida, además, hechos ejemplares que han puesto al periodismo en la primera línea de la solidaridad y la coherencia. Olvida, por ejemplo, que en junio de 2018, durante el Mundial de Fútbol, cuando el gobierno de Mauricio Macri anunció que más de 350 empleados (40 % de la planta, en Ecuador el porcentaje de despidos fue el doble) de Telam, la agencia nacional de noticias argentina, serían despedidos, la protesta no se hizo esperar de parte de todas las plantas de periodistas (sí, también los ideológicamente contrarios). Lo inexplicable, lo inaudito, lo injustificable no tiene argumentos. Y despedir en medio de una crisis al 80 % de compañeros es, fue y será una infamia. Soltar afirmaciones del tipo: “el gobierno cumplió y pagó las indemnizaciones” raya en el absurdo. ¿Qué esperaba Carla Maldonado? ¿Que los derechos laborales de sus excompañeros no sean respetados? ¿Que no se les dé la indemnización que por Ley les correspondía? ¿Pretende que celebremos el cumplimiento de lo legal y lo legítimo? Por eso nadie puede mancillar o arrebatarle lo que simplemente no tiene: credibilidad.

Maldonado ha formado parte de un gobierno que, desde el inicio, ha hecho campaña electoral a favor de Guillermo Lasso, que ha querido volver creíble un relato que ha tenido a la guerra jurídica como arma. Ella, que asegura que la “quieren callar”, es en realidad cómplice de los grupos de poder que miran en la prensa comercial (por eso su interés en acabar con los medios públicos) la herramienta perfecta para la pasividad ciudadana y la conformidad política. El silencio lo postulan Maldonado y quienes defienden los intereses de clase de los sectores hegemónicos. Dada su capacidad argumentativa, es altamente probable que ni siquiera entienda a qué le hace el juego. Es funcional al sistema y como en 1984, la enorme novela de George Orwell, ni siquiera se da cuenta, y -por eso- tampoco le importa: su quehacer sigue al servicio del poder oficial y todas sus mentiras.

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