El recorte del presupuesto a la educación fue la punta del iceberg

Sebastián Tamayo Villarroel|

Apenas en cuatro meses, el coronavirus desvistió el sistema económico y político del Ecuador. La capacidad de resiliencia del Estado fue insipiente pues, la política pública estaba en plena transición hacia la derecha. En el 2018, Lenín Moreno, ya advertía públicamente su desinterés en la salud pues consideraba que los grandes hospitales «no son funcionales ya para la época» o que «ya no se hacen hospitales con 400 o 500 camas (…) porque los pacientes se escapan».

Con bromas absurdas y bajo la premisa de austeridad, condonaron tributos al sector financiero y empresarial. Para el 2019 redujeron USD 1.425 millones de la inversión pública con respecto al presupuesto de 2018 y desvincularon aproximadamente 25.000 funcionarios públicos. A estas cifras, de por sí alarmantes, se suman 66.400 trabajadores que han perdido su empleo durante lo que va del 2020, según datos de Luis Poveda, ministro de trabajo.

Ante la dura situación, el ministro de finanzas, Richard Martínez, trabaja arduamente porque, la emergencia sanitaria se convirtió en la excusa perfecta para «reordenar las finanzas públicas» como dicta la doctrina multilateral. Para ello, con el estado de excepción en curso, plantean medias económicas que transgreden la Constitución ecuatoriana debido a que, atentan en contra de las garantías del pleno empleo, la eliminación del subempleo y el derecho a la educación, por mencionar algunos elementos.     

Con el anuncio del recorte presupuestario hacia la Educación Superior, la punta del iceberg se visibilizó. El vigor de la juventud enfrentó el peligro a la represión estatal y al contagio, con la toma de plazas y calles pues, los atentados en contra de la educación pública convierten, la misma, en un beneficio de clase. Ahora, el estudiante común no podrá acceder al Bachillerato Internacional, los cupos en las Universidad Públicas se verán limitados y ni pensar en becas internacionales.

Definitivamente, el conjunto de medidas económicas son pensadas para el beneficio de los 270 grupos económicos del Ecuador. Mientras el Ministerio de Finanzas desvincula los contratos ocasionales y nombramientos provisionales del sector público, reserva el capital nacional para pagar USD 791 millones por concepto de deuda externa (USD 466 millones más de lo que dijeron haber pagado), según cifras del Banco Central.

Mientras los trabajadores del sector privado son expuestos a la norma de libre interpretación denominada «acuerdos», los grupos económicos, empresariales y financieros, envían sus capitales al exterior con un Impuesto, cómplice del 5%, a la Salida de Divisas patrocinado por el Estado. Según el Observatorio de la Dolarización, entre el 1 y el 22 de abril, el sector privado giró al exterior «un rango de USD 829 millones a USD 948 millones». ¿Este patrón fuera el mismo si el ISD fuese, por ejemplo, del 30%?

Richard Martínez apela a la condición del «capitalismo de casino» como  estrategia para mitigar la crisis económica en el país. Por ello, plantea la inyección de capital en el sector privado y la autorregulación del mercado pues, el proyecto de ley humanitario impone al acuerdo y exime los derechos laborales. En concreto, el Estado evade su rol regulador sobre la empresa y el sector financiero.   

El objetico es crear una estructura que otorgue todas las garantías a los acumuladores de capital. Con la reducción del acceso a la Educación Superior se garantiza mano de obra joven que, junto a todos los desempleados, conforman una extensa demanda laboral desesperada. En consecuencia, la oferta laboral impondrá sus condiciones, facultada por normas ambiguas lejanas a los derechos constitucionales.