Un virus es un agente infeccioso que tiene la capacidad de multiplicarse y de mutar para sobrevivir. Es una toxina, un veneno que puede ser letal si logra esparcirse por todo lado. No es fácil de detectar y cuando es descubierto busca la forma de transformarse, de camuflarse para resistir, con el objetivo de continuar actuando y contaminando a los demás.
Hay millones de tipos de virus, pero uno de los más letales y perniciosos, sin duda alguna, es el de la corrupción. Ataca a todos los estratos sociales, a todos los sistemas políticos, económicos y comunicacionales. Está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Es parte de la cotidianidad y del paisaje político de nuestro país, convive con los de derecha, con los de izquierda, con los de centro, con funcionarios públicos y privados, con creyentes, agnósticos, ateos, con blancos, mestizos, negros, cholos, niños, jóvenes, adultos mayores, indígenas, hombres, mujeres, gays, lesbianas, transexuales y más.
No tiene la más mínima consideración o escrúpulos, logra identificar a los más débiles, ambiciosos e inmorales para infectarlos y reproducirse. Mata o aniquila a varios para causar temor, pero su modus operandi es mantenerse oculto, agazapado hasta encontrar una oportunidad para volver a actuar. Se propaga y fortalece sin compasión en emergencias políticas, sociales, económicas, naturales y sanitarias.
Desde el retorno a la democracia, en 1979, hasta la fecha, hemos sido testigos de varios brotes del virus de la corrupción que se han visto reflejados o expuestos en la sucretización de la deuda privada, en 1983 en la administración de Oswaldo Hurtado, también en los sobreprecios en la importación de juguetes para los hijos de los miembros de la fuerza pública y en el proyecto de desarrollo en la Isla Santay. El tráfico de influencias en los negociados petroleros y camaroneros en el Gobierno de León Febres Cordero, de igual forma la permisibilidad para la huida de Joffre Torbay, sindicado por actos de corrupción en la compra de 350 carros recolectores de basura, el también sonado caso Ecuahospital donde se contrató a una empresa para que supuestamente realice servicios hospitalarios que nunca se hicieron, las denuncias de sobreprecios en la construcción de la vía Perimetral y en la adquisición de un avión presidencial Fokker, el robo de joyas y obras de arte del Palacio de Carondelet, todo esto sumado al execrable crimen, todavía sin resolver, de los hermanos Restrepo.
En el Gobierno de Rodrigo Borja no fueron la excepción los actos de corrupción, hubo dos procesos penales por peculado, uno en la importación de 342 toneladas de acero y el otro por el financiamiento del trasvase del río Daule a la Península. El bochornoso caso de los gastos reservados, que involucraron al Exvicepresidente Alberto Dahik, en el Gobierno de Sixto Durán Ballén, fue uno de los actos de corrupción más sonados al que también se sumó el caso denominado “Flores y miel”, en el que estaba involucrada la nieta del Primer Mandatario. En la administración de Abdalá Bucaram, que apenas duró seis meses, se destaparon varios casos como el primer millón de “Jacobito” obtenido gracias a su “genialidad” y mañosa “habilidad” para lucrar en las aduanas y los juicios por gastos reservados y la “mochila escolar”.
En el interinazgo de Fabián Alarcón, desde la forma en la que nació su Gobierno ya estaba viciado por un acto grave de corrupción y componenda política, a esto se pueden sumar otros casos como el de la importación fraudulenta de ropa usada, la forma dolosa del manejo de los gastos reservados, las coimas en una de las garitas de la Comisión de Tránsito y los sobreprecios en la construcción de carreteras. Pero todo parecería un juego de niños en comparación al feriado bancario ocurrido en 1999 en el Gobierno de Jamil Mahuad. Este nefasto episodio dejó como saldo más de 2 millones de migrantes, un desfalco al Estado de 8 mil millones de dólares y la muerte del sucre como moneda nacional del Ecuador. La administración de su sucesor, Gustavo Noboa, también estuvo salpicada por denuncias de corrupción en la contratación de un seguro para aviones de las Fuerzas Armadas con un sobreprecio que superaba los 4 millones de dólares.
Después, en el 2003, el Coronel Lucio Gutiérrez, llegó al Palacio de Carondelet una vez que logró encandilar a los electores con un discurso de izquierda, de lucha abierta contra la corrupción, anti neoliberal, anti establishment el mismo que fue roto en los primeros meses de su mandato cuando se declaró como el mejor aliado de los Estados Unidos y del Gobierno de Jorge W. Bush. De igual forma, en contra de todo su discurso de campaña, se alió con el Partido Social Cristiano para impulsar leyes neoliberales. Su administración estuvo llena de denuncias de nepotismo, actos de corrupción en las aduanas, en la adquisición de insumos para atender a los damnificados por la erupción del volcán Tungurahua. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la corrupta alianza que hizo con el Partido Roldosista Ecuatoriano para indultar a su líder Abdalá Bucaram, para esto nombró e instauró la denominada “Pichi Corte” la misma que allanó el camino para el regreso del “Loco que ama”, lo que significó su parte mortuorio presidencial.
Después de una década de actos de corrupción, inestabilidad política, económica y social constantes, los ecuatorianos decidieron elegir a Rafael Correa como Presidente. Los electores le dieron su voto esperanzados también en su discurso de izquierda, de lucha contra la corrupción, la oligarquía y los poderes fácticos. Se mantuvo en el poder durante 10 años y en esa década también hubo denuncias de actos de corrupción en la construcción de carreteras, escuelas del milenio, hidroeléctricas, hospitales, plataformas gubernamentales con sobreprecios. La inversión de más de mil millones de dólares para aplanar un terreno donde se pensaba construir la Refinería del Pacífico y los supuestos sobornos con Odebrecht y otras empresas para adjudicarles contratos con el Estado marcaron y mancharon la administración de Correa.
No obstante, en el Gobierno de Lenín Moreno las denuncias de corrupción también se han convertido en el denominador común de su administración. Para bien o para mal, en plena pandemia, se han destapado y difundido los actos más ruines, inhumanos e inverosímiles de corrupción. Unos cuantos miserables han usufructuado de la emergencia sanitaria y del dolor ajeno de miles de personas que han perdido a sus familiares a causa del Covid-19.
Por ejemplo, en el Hospital del Guasmo de Guayaquil se cobraba entre 30 y 300 dólares para que los denominados gestores de las morgues ayuden a los familiares de los fallecidos a buscar, localizar y retirar los cuerpos de sus allegados.
De igual forma, en algunos hospitales las personas que llegaban con síntomas de Covid-19, cuando lamentablemente fallecían, sus pertenencias desaparecían sin el menor remordimiento. Los familiares denunciaban que las tarjetas de débito o crédito registraban retiros de dinero y compras en línea después que sus familiares habían fallecido, otras personas relataban que los celulares de sus esposos o hijos seguían en servicio y hasta se veían las fotos de otras personas usando el equipo, muy pocos recibieron relojes, billeteras y joyas, la mayoría fueron robadas. Hasta el momento nadie responde por estos vergonzosos e inhumanos actos, la Fiscalía anunció que realizaría una investigación a profundidad pero al parecer todavía no encuentra la profundidad.
Otro de los escandalosos actos de corrupción son los sobreprecios en la adquisición de mascarillas N95 en el IESS, las que cuestan 4 dólares las querían comprar en 12 dólares. Esta denuncia tuvo efectos inmediatos, como siempre en los mandos medios, fue destituido el director del IESS, el señor Ángel Loja Llanos, que por cierto, no tiene orden de detención. El firmó el contrato por 10 millones de dólares que fue adjudicado a la empresa Almantop. Accionistas, contador y representante legal de la empresa están presos, pero Loja sigue libre. Además, el señor Paúl Granda seguía en funciones como si nada, recién el 4 de mayo el Presidente Moreno aceptó su renuncia irrevocable y nombró a Jorge Wated como el nuevo Presidente del Directorio del IESS.
El 3 de mayo se hizo pública la denuncia de otro acto de corrupción en el Hospital Los Ceibos del IESS, esta vez el sobreprecio estaba en la adquisición de 4 mil fundas para embalar los cadáveres de las personas que murieron por Covid-19. Lo mismo ocurrió en los hospitales del IESS de Guayaquil, Machala, Quevedo, Esmeraldas y hasta en el mismo Hospital Docente de la Policía en Guayaquil donde se adquirieron 400 fundas a un precio de 130 dólares cada una y 5 mil mascarillas N95 a 10 dólares la unidad.
Si amigos, como lo leen, no es cuento, es la “cruda realidad”, parece inverosímil pero no lo es, presenciamos imágenes surreales, la Policía allanando a la Policía, esto es de ripley, para un guion de alguna serie “divertida y educativa” que suelen hacer los canales nacionales.
Pero esto no queda ahí, también se denunció sobreprecios en la compra de canastas humanitarias que quería adquirir la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. No es mentira, es verdad, es más, la ex titular de esa Cartera de Estado, la señora Alexandra Ocles, dijo que eran productos que cumplían los estándares establecidos por organismos internacionales para este tipo de emergencias, se jactaba de haberlos comprado antes bajo la misma modalidad y similares precios. Así, como si nada, suelta de huesos también informaba que el costo de los productos sumaba, más o menos, 120 dólares y que los restantes 30 dólares se pagaban por la distribución y por el empaque de plástico. Que la ganancia del proveedor estaba en el orden del 15% y que eso es legal y legítimo así que no entendía las denuncias mal intencionadas de algunos periodistas y portales digitales. Pero para sorpresa de ella, la Contraloría si encontró varios vicios en el proceso de contratación y también sobreprecios en la mayoría de los productos. Pero bueno, no pasará mayor cosa, debe estar tranquila la exfuncionaria perteneciente a las filas de Ruptura de los 25, grupo político al que pertenece la Ministra de Gobierno María Paula Romo, el Secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, porque la Fiscal General, a través de Twitter, ya le absolvió de toda responsabilidad y pecado.
A esto hay que sumarle que la misma Presidencia de la República realizó un contrato de más de 500 mil dólares para temas comunicacionales, esto en el mes de abril, cuando estábamos en plena emergencia sanitaria y todo acto público masivo estaba y está restringido. Cómo no hacerse las preguntas básicas, para qué ese contrato, quién es el beneficiario de más de medio millón de dólares, dinero que podría servir para comprar kits de alimentos, mascarillas o fundas para embalar a los fallecidos, pero seguramente no destinan ese dinero para esas prioridades porque igual se lo roban en los hospitales porque se compran con sobreprecios.
Y como si fuera poco, en la casa de uno de los asesores del Asambleísta del partido de Gobierno, Daniel Mendoza, se encontraron más de 500 mil dólares en efectivo, armas de fuego y sellos de instituciones gubernamentales. Algunas personas están detenidas, mientras otras siguen campantes tuiteando, comiendo y viviendo a sus anchas, con todo el desparpajo del mundo y sin mayor remordimiento.
En definitiva, el virus de la corrupción se ha enquistado en todos los ámbitos y espacios de nuestras vidas que hasta se ha naturalizado. Es parte del paisaje de nuestra vida y con el convivimos. Los gobiernos de turno no se inmutan y los ciudadanos lo utilizamos como parte de nuestras conversaciones cotidianas con un atisbo de ira, impotencia y malestar, pero nada más. Parecería ser que el sistema político democrático no se debilita, al contrario, se podría decir que se fortalece más, dependiendo de las personas involucradas y del monto robado.
*Edison Pérez es Máster en Ciencia Política por FLACSO – Ecuador. Es Comunicador Social de la Universidad Central del Ecuador. Ha trabajado como asesor político y de comunicación en varias instituciones públicas. También ha ejercido la docencia universitaria.