Eliminar los derechos laborales en Ecuador: objetivo del FMI

Jorge Uquillas|

El presidente Lenín Moreno se comprometió a crear 500.000 puestos de trabajo en sus dos primeros años de gobierno. A pocos días de su Informe a la Nación, ese compromiso no ha sido cumplido, pues según el reporte del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), de abril del 2019, el empleo adecuado/pleno se redujo en 261.767 personas con respecto a marzo de 2018.  

Con fecha 1 de marzo de 2019, el Estado ecuatoriano publicó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llamado también carta de intención. Este documento expresa, de manera determinante, el horizonte hacia dónde está encaminado el gobierno Moreno Garcés y quiénes, en realidad, son los que, tras bastidores, deciden las políticas económicas que se implementarán en los próximos tres años, tiempo de ejecución de este programa. Uno de sus pilares tiene que ver con la generación de empleo, el tema inmerso en este ámbito es muy ambiguo, pues no se manifiesta en términos claros cuáles son las medidas que se van a adoptar y de qué manera beneficiarán a los ecuatorianos, sobre todo, a los más pobres.

En su Informe a la Nación, el Presidente manifestó que habrá “trabajo para todos” y lo reitera: “un Ecuador con trabajo para todos”. Esto, a oídos del ciudadano, resulta muy esperanzador, pues plantea el panorama de un país con oportunidades. En principio, la Constitución define al trabajo como el deber y derecho irrenunciable de cada ecuatoriano con el fin de buscar su desarrollo, pero ¿qué sucede cuando la visión de quien dirige los destinos del país, basa su modelo de desarrollo en mayor rentabilidad o, simplemente, en aumentar y concentrar el capital en un solo punto, es decir, no ve oportunidades de crecimiento sino oportunidades de negocio?

Textualmente, la carta de intención cita que la actual administración “promoverá un crecimiento liderado por el sector privado”. En una economía funcionan, tanto el sector público como el privado, cada uno respondiendo su respectiva labor; cuando el sector privado está enfocado, netamente, en el aumento desmedido del dinero, vuelve a aquella visión anacrónica en la cual el ser humano es un recurso más del sistema productivo y viene la lógica distorsionada de siempre: buscar reducir los costos. El efecto que causan estas dos posturas deriva en, simplemente, mitigar el beneficio que los trabajadores obtienen, producto de su labor.

Reitero, uno de los pilares de la carta de intención es la generación de empleo, pero cabe una pregunta, ¿qué tipo de empleo?, ¿bajo qué condiciones laborales se espera obtener un “Ecuador con trabajo para todos”, si a la luz de los nuevos estrategas de la economía ecuatoriana, una de las primeras acciones es reducir la presencia del Estado, que ya se avizoraba en el decreto de austeridad? De los primeros perjudicados, la masa salarial fue una de las más afectadas, porque, a febrero de 2019 alrededor de 11.820 servidores públicos fueron despedidos. La carta de intención sugiere estas medidas, pero en términos “diplomáticos”: un “cuidadoso reajuste salarial, ser prudentes en la renovación de contratos ocasionales, (…) renovando solo uno de cada dos”. Esto, evidentemente, castiga la calidad de servicio en las instituciones públicas por ejemplo: hospitales o escuelas.

A esto se suma la privatización de muchas empresas públicas que, al cambiar su visión de organización, influirá de manera directa en las políticas laborales internas, con la doctrina de un sector privado que solo busca mitigar, cada vez más, el rol del talento humano. Visto desde los ojos del sector privado, que actualmente lidera la economía del país, no pasa más allá de ser un recurso, por ende, en el texto se habla de la acción en cuanto a los mercados laborales. En sí mismo, este término es completamente equivocado, porque lo laboral no es un mercado, desde esa calificación, se puede tener una idea más consistente del camino que pretende seguir el actual gobierno, de la mano con el FMI.

En días pasados, el Consejo Nacional del Trabajo anunció unas reformas laborales que, de hecho, la carta de intención las califica de urgentes. Pero, ¿en qué sentido son urgentes? La Constitución y el Código del Trabajo velan por el derecho al trabajo, no solo como actividad productiva sino como el ejercicio que le permite al ser humano un desarrollo pleno, en todas sus dimensiones, no solo supliendo necesidades sino mejorando sus capacidades. Destaca la relación directa y bilateral, remuneraciones dignas y justas, evita la precarización laboral, enfatiza en las obligaciones y derechos que el empleado y el empleador poseen, resalta al trabajo como ese elemento dinamizador de la economía.

¿En qué sentido la carta pretende adaptar al mercado a la fuerza laboral? Es  algo que carece de sentido; de mercado laboral se podía hablar en la esclavitud, pues los trabajadores eran tratados como animales y comerciados de la misma manera, o como una materia prima, y la presencia del ser humano en el proceso productivo está para cubrir sus necesidades por medio de un bien o servicio, como fin mismo del proceso. En pleno siglo XXI es insostenible que el talento humano se adapte a las condiciones de un mercado desde esa visión equívoca de cierta clase empresarial que, cuando habla de optimizar recursos, en su lógica solo existe el reducir. Nada tiene que ver lo uno con lo otro, es como si el día de mañana la hora laboral costara $ 2.50, pero si el mercado dice que la hora debería costar $ 1.00, a eso habría que ajustarse.

Con este paquete de reformas laborales, el resultado es una declaración directa para eliminar todos aquellos derechos de los trabajadores ganados desde las luchas del 1 de mayo. Se hablan de planes de contratación especial para emprendimientos, pero ¿en qué consiste esto?, pues que esos contratos estarán sujetos al éxito o fracaso del proyecto. Puede darse el caso de que, en ese periodo de prueba, no se cumpla con obligaciones laborales o de seguridad social, depende mucho de lo que se estipule en la reforma, esto podría derivar en una mayor contratación eventual o por temporadas, aduciendo que la empresa no tiene el suficiente crecimiento como para asumir contratos indefinidos.

Se habla también de la eliminación del 35% de recargo a la remuneración en contratos eventuales. ¿Cuál es la razón de que exista este incremento? Pues es debido a que, como versa el Código de Trabajo, los contratos ocasionales responden a situaciones eventuales o esporádicas del empleador, que no son parte de su normal labor.

Una de las cosas más preocupantes, es la posibilidad de la jornada de 40 horas ¿Qué encierra esto? Normalmente, la jornada laboral es de 8 horas diarias, en 5 días por semana, la reforma plantea que se pueda laborar esas 40 horas, pero en cualquier número de días. Esto, so pretexto que el empleado pueda buscar otra actividad laboral que, de estar en las mismas condiciones, sería volver a la vieja Inglaterra, previa a la ley fabril de 1833, con jornadas laborales de más de 12 horas.  

También se maneja el contrato indefinido luego de tres años de trabajo. La ley actual establece un año como tiempo mínimo de un contrato por tiempo fijo o indefinido, lo que se pretende hacer es modificar la ley para que el tiempo aumente a 3 años, esto solo ocasiona inestabilidad y se podría caer en el juego de que, antes de los 3 años, se despida al personal, el cual solo tendría derecho a liquidación y el pago por desahucio, según las reformas.

Al mismo tiempo, se abre una nueva empresa con el mismo giro de negocio, contratando nuevo personal. Estas propuestas vienen desde el sector de los grandes empresarios, disfrazándolas con emprendimientos. En la práctica, en todo emprendimiento, el primer trabajador es el mismo emprendedor, que contratará personas de acuerdo a las exigencias del mismo. Estas reformas no significan sino darles más poder a los empresarios que solo piensan en acumular más capital, pues se pierde la relación equitativa y justa entre empleador y empleado. Se dice que estos condicionamientos solo serán válidos cuando los acepten ambas partes, pero en la realidad, con ese poder el empleador determinará cuáles son los términos, es decir, se ataca la necesidad de la persona y a esta no le queda más que aceptar.

Se habla además, de que esta supuesta flexibilización laboral va encaminada a mejorar las condiciones de los más vulnerables, particularmente de los jóvenes y las mujeres. Esto ya lo versa la ley actual, se enfatiza en su inclusión laboral; no se esclarece qué tipo de jóvenes son los que se pretende que sean parte de la fuerza laboral. La Constitución ya manifiesta que el Estado motivará la inserción de este sector de la población, de una manera justa y digna. Es decir, que no se atente a su desarrollo intelectual, porque de lo contrario, citando a los jóvenes de entre 15 y 18 años, puede resultar que hagan más caso a este canto de sirenas de su primer empleo y descuiden sus estudios, esto ya pasaba en la época que gobernaban los que ahora impulsan estas reformas. Nada más atentatorio a la humanidad que pretender limitar el crecimiento de las personas y evitando así tener un talento humano de calidad, motor principal de la innovación, que según la carta de intención pretende impulsar en el país.

Como añadidura de todo, se dice que estas acciones generarán más fuentes de trabajo, pero ¿qué tipo de fuentes?: empleos temporales, eventuales, inestables, mal pagados. Es inverosímil, pero todo dicta a que puede ser real. Es tan mediocre el asunto que los empresarios aceptan que los sueldos en el sector público sean más altos, pero no proponen que mejorarán, sino hay que reducir esos sueldos, ¡descabellado!, ¿verdad?, pero eso es lo que se propone en la carta de intención del FMI y se evidencia en el proyecto de reformas laborales.

El resultado: retornar a la simple y llana precarización laboral, que pone por delante al capital antes que al ser humano, solo impulsado por un lado oscuro de la fuerza empresarial. Y que, lastimosamente, no se ve el verdadero rechazo de las organizaciones defensoras del trabajo, que no pasan de ser simples sindicales que no luchan por una causa, sino por un interés personal que se acuerda con el gobierno de turno.