Por Diego Borja Cornejo
Mientras la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen trabajaba, junto a los países del G20, las economías más grandes del planeta, una propuesta para evitar la evasión impositiva de las grandes empresas, recuperando la lógica de la tributación progresiva, el desalmado ministro de economía de Colombia, Alberto Carrasquilla, envíaba al Congreso una Reforma Tributaria que pretende volver aún más regresivo el esquema tributario del país vecino.
Mientras el Presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunciaba un Plan de Empleo y un plan de “rescate” a las familias, que sumados alcanzan los 4,1 billones de dólares y que serán financiados por impuestos a las corporaciones y a los más ricos, el desalmado presidente Iván Duque se resistía a retirar el proyecto de Ley Tributaria que carga la mano al ya enormemente empobrecido pueblo colombiano.
Hasta los gobiernos y organismos más proclives a las políticas de reducción del gasto y la inversión social han moderado sus posturas en esta etapa de pandemia. A inicios de abril de este año, el Diario El País, hizo pública la propuesta del Fondo Monetario Internacional, durante su asamblea de primavera, según la cual “las rentas altas y las compañías que han prosperado durante el coronavirus -las grandes tecnológicas o algunas farmacéuticas, por ejemplo- deberían pagar impuestos adicionales en solidaridad con los más afectados por la pandemia”.[1] El sentido es muy claro. Para contribuir al financiamiento de la alta factura que deja la pandemia, las autoridades deberían imponer contribuciones temporales o permanentes a las rentas más altas y a los estratos de mayor riqueza (al patrimonio y al capital). Esto no es nuevo en la historia. Durante la post segunda guerra mundial, para recuperar los desastres económicos y sociales dejados por el conflicto, la mayoría de países occidentales cambiaron sus esquemas impositivos hacia modelos de progresividad tributaria. Estos se mantuvieron durante casi 40 años, hasta que las políticas “hipercapitalistas y desigualitarias” -como las denomina Tomas Piketty[2]– se volvieron a instalar en esos países.
Janet Yellen en su condición de flamante Secretaria de Economía de los Estados Unidos, denunció esa carrera a la baja “de los últimos 30 años” durante el Council on Global Affairs de Chicago.[3] A finales de marzo, el Presidente Biden presentó un programa de inversión publica por alrededor de 2 billones de dólares en infraestructura para reconstruir y modernizar la economía de los Estados Unidos en la fase de post pandemia. Parte de ese plan espera ser financiado elevando la tasa impositiva a las empresas del 21 % actual al 28 %. Cabe señalar que antes de la reforma fiscal de Trump en 2017, esa tasa se ubicaba en el 35 %.
En contrasentido histórico el gobierno de Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria con el fin de ampliar la base de contribuyentes, o sea, reducir el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben tributar. De esta forma, propone que a partir del año 2022 quienes ganen más de 2,4 millones de pesos mensuales (alrededor de 663 dólares) deben declarar impuesto a la renta; y desde el año 2023 lo harán quienes tengan ingresos superiores a 1,7 millones de pesos mensuales (470 dólares).
Con la misma lógica de publicidad engañosa que ha utilizado el gobierno de Lenin Moreno, el gobierno de Colombia tituló al proyecto como «Ley de Solidaridad Sostenible». En realidad es una reforma tributaria que busca recaudar alrededor de 25 billones de pesos adicionales (unos 6.850 millones de dólares) a través del impuesto a la renta de los ingresos más bajos. El propio Carrasquilla reconoció que el 73 % de la recaudación vendrá de las personas naturales. Pero no solamente se impondrán impuestos a los ingresos más bajos, sino que se gravará con el impuesto al valor agregado -que en Colombia es del 19 %- a los servicios públicos (luz, agua y gas), medicina prepagada, servicios funerarios y los productos electrónicos -indispensables en tiempos de clases virtuales y teletrabajo- . Como un irrisorio añadido, se incluye en el proyecto de reforma un impuesto temporal de 1 % para patrimonios de más de 1,35 millones de dólares y del 2 % para los de más de 4 millones. Claro está, los impuestos progresivos, para los más ricos, son temporales, los regresivos, para los pobres son permanentes.
Una vez más el gobierno de las elites carga el peso de la crisis sobre las mayorías enormemene empobrecidas y favorece a los mejor posicionados en la sociedad. Evidentemente esto condujo a un estallido que pone en evidencia el descontento social acumulado del pueblo. Aquí han confluido el desastre económico y sanitario. Con más de dos millones ochocientos mil casos de contagio de covid19, más de 73.000 muertes a causa de la enfermedad y menos del 10 % que ha recibido la primera dósis de la vacuna; el desempleo que en algunas ciudades bordea el 20 % y la pobreza que afecta al 43 % de la población.
En estas condiciones la gente se ha volcado a protestar y como bien se leía en una de las pancartas de los manifestantes, “si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus”. La juventud colombiana que ha sido la protagonista de las protestas en todo el país, junto a trabajadores y pobladores de las ciudades y del campo, también ha sido una de las principales víctimas de la brutal arremetida con la que ha respondido el gobierno de Duque, cediendo a los violentos llamados de Alvaro Uribe de endurecer la represión. Hasta el 5 de mayo al medio día la Organización No Gubernamental Temblores reportaba 37 víctimas de homicidio, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de arma de fuego y 10 casos de violencia sexual por parte de las fuerzas policiales.[4] Ya el lunes 3 de amyo, el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, manifestó estar “alarmado por informes sobre el uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad contra manifestantes” en Bogotá, Cali y Popayán.[5] Hasta el entrevistador de CNN, Fernando del Rincón, durante una entrevista le increpó a Uribe, mentor de Duque, por su exhortación a la violencia que les hizo a las fuerzas militares y policiales, lo cual sacó de quicio al violento personaje.[6]
En estos momentos, que las
movilizaciones populares y las acciones de protesta siguen en curso, ni el
retiro del proyecto de ley impositiva, ni la renunica del ministro autor del
mismo han podido contener el descontento. El pueblo colombiano rechaza la violencia
estatal manifestada tanto en los asesinatos selctivos a dirigentes sociales,
que no han parado, como en la política publica de deliberado empobrecimiento. En
su protesta se evidencia la indignación acumulada ante un gobierno que abandona
a su pueblo frente a la miseria y la enfermedad y que pretende que hasta en la
hora final pague un impuesto, gravando con tributos a los servicios funerarios.
[1] Ver, https://elpais.com/economia/2021-04-07/el-fmi-propone-un-impuesto-temporal-a-las-rentas-altas-y-las-multinacionales-para-pagar-la-factura-de-la-crisis.html?rel=listapoyo
[2] Ver, Piketty, Thomas, Capital e Ideología, Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 2019.
[3] Ver, https://elpais.com/economia/2021-04-05/la-secretaria-del-tesoro-de-ee-uu-pide-un-impuesto-minimo-de-sociedades-a-escala-global-para-las-multinacionales.html
[4] Ver, https://twitter.com/TembloresOng/status/1390051178491355137?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
[5] Ver, https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/organismos-internacionales-cuestionaron-papel-de-la-fuerza-pública-durante-manifestaciones-en-colombia/2228543
[6] Ver, https://www.eluniversal.com.co/colombia/uribe-se-molesta-en-una-entrevista-con-cnn-sobre-el-paro-nacional-CI4578073