Por Rodrigo Rangles Lara
Salvo excepciones de fiscales y jueces honorables, la justicia ecuatoriana se ha pervertido con la inmoral actuación de operadores que envilecieron ese fundamental poder del Estado, colocando en riesgo la liberad de los ciudadanos y la propia democracia.
Tratadistas cuestionaron seriamente ese modo de aplicar selectivamente la Justicia Procesal, aplicando normas y leyes severamente a escogidas víctimas, obedeciendo mansamente designios de poderes fácticos nacionales y extranjeros; mientras encubrían corruptelas e inmoralidades de sus coaligados, violentando también la Justicia Distributiva que ordena tratar a todos de igual manera.
Fiscales y jueces depravados y perversos convirtieron, conscientemente, sus altas investiduras en instrumentos de venganza política, rompiendo principios éticos que mandan impartir justicia con rectitud, equidad, igualdad, transparencia e imparcialidad garantías de libertad, derecho fundamental del ser humano y valores esenciales sobre los cuales se basa una sociedad y el Estado.
Si consideramos altamente inmoral esa selectividad en la aplicación de la justicia, sobrepasan en perversidad los que fabrican o adulteran documentos o pruebas para procesar, inculpar y sentenciar inocentes con el fin de favorecer a poderes económicos, políticos, satisfacer arribismos, cobrar venganza o, en casos inconcebibles, por el solo placer de causar daño y dolor.
“Si voy a caer – advirtió la prófuga ex- vicepresidente, Alejandra Vicuña – todos caerán conmigo” y a renglón seguido, denunció: “Jorge Glass es inocente, se forjaron documentos para encerrarlo”.
Encerrarlo para despojarle del cargo legítimamente otorgado por el pueblo, colocar en su lugar a una aventurera de la política y reafirmar en el poder a un presidente vago, inepto, antipatria, traidor, amoral y corrupto que disfrutó su maldad destruyendo la institucionalidad y empobreciendo a multitud de compatriotas.
Hace cuatro años se denunció el soborno de Sinohydro y los famosos INA papers, con sus cuentas secretas de más de 18 millones de dólares en los paraísos fiscales y, recién,hace pocos días, la fiscal Diana Salazar comienza a tomar tibias medidas anunciando “nuevos” descubrimientos en ese proceso de extorsión.
¿Será que, por fin, “descubrió” el papel que cumplieron, en los prolegómenos del jugoso operativo, la doctora María del Carmen Maldonado, fiscalizadora del Coca Codo Sinclair, cuando el inescrupuloso Lenin Moreno ejercía la Vicepresidencia de la República y su hermano, Luis Maldonado, mantenía contactos directos con la Sinohydro, Xavier Macías y su concuñado el Presidente de la República? Todo en familia.
¿Será que entre los “nuevos descubrimientos” encontró alguna forma de implicar a Rafael Correa en esa tramposa trama? No sorprendería, porque más de 32 juicios se inventaron en su contra, uno de ellos creando artificiosamente un cuaderno escrito al apuro en un viaje Quito Guayaquil que, sirvió de prueba para dictar una disparatada sentencia, condenarle a varios años de cárcel y pedir su captura a la INTERPOL, entidad que negó tres veces cumplir semejante bobería jurídica
¿Será pura casualidad que la doctora Maldonado se haya encumbrado a la presidencia de la Judicatura y el doctor Iván Saquicela – autor del risible “Influjo Psíquico”- a la más alta dignidad de la Corte suprema de Justicia, sin haber alcanzado la nota mínima legal en el Consejo de la Judicatura?
Sin el visto bueno de la embajada protectora del impostor, los anuncios de la Fiscal Salazar no pasarán de un show mediático y, eso afirmamos, con la misma certeza que el otra hora poderoso Contralor Pablo Celi, terminará largo tiempo con sus huesos en la cárcel por disposición de la justicia norteamericana que no perdona lavar dinero en sus propias narices.
Y conste que el advenedizo contralor jugó un papel protagónico al servicio del gobierno, la propia embajada y la corte de corruptos que le rodeaban y, desde luego, en la implacable persecución a Correa y la Revolución Ciudadana.
Forjó pruebas de ilícitos fantasiosos como aquel de culpar al líder de la oposición de robar al país 70 mil millones de dólares o usar el avión presidencial en vuelos clandestinos para lavar dinero, traficar oro o narcóticos, entre otras incontables trafasías que se desnudan solas en boca de sus propios cómplices, sea por mal reparto, sea con el ánimo de lavar conciencias o, indignados cuando se sienten inculpados, acosados y perseguidos.
El fiscalizador fiscalizado levantó glosas cercanas a los cuatro mil millones de dólares, según denunció el doctor Alejandro Rodas, ex funcionario de la Contraloría, que sirvieron como palanca para la extorsión y enriquecimiento ilícito que le mantiene tras rejas doradas, despachando como si fuese titular en libertad, gracias a la protección de influyentes personajes, muchos de ellos instalados en la Asamblea.
En ese mundo de la perversidad sin límites cumplieron – ¿Siguen cumpliendo? – su papel rigurosamente, medio de comunicación masiva, periodistas mercenarios de pluma, micrófono y pantalla; líderes de partidos políticos neoliberales o supuestos izquierdistas como Pachakutic, a los que se sumaron cámaras empresariales, movimientos sociales, ambientalistas y otros alineados o financiados desde los centros de poder político o económico.
Debe terminar y pronto el ejercicio de esa patología destructora propia de desadaptados, egoístas y cultores del odio que – por añadidura – han tarifado a la justicia, porque, de no hacerlo, se lamentarán haber destruido otro de los pilares de la armónica convivencia social y la democracia.
El Presidente Guillermo Lasso, pregunto: ¿Está dispuesto a terminar con esta justicia movida por motivos espúreos? Hasta hoy, no ha dado señales concretas en esa dirección.
RRL
04.07.2021