Por Erika Sylva Charvet
El 26 de marzo de 2018 tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra serían secuestrados en Mataje, provincia de Esmeraldas, Ecuador, por el “Frente Oliver Sinisterra” del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR), de origen colombiano. El secuestro se enmarcaba en una ola de violencia desatada desde el 27 de enero de ese año, cuando un coche bomba estallaba en un cuartel de Policía en el cantón San Lorenzo, Esmeraldas, en la frontera con Colombia, atribuyéndose dicha acción a grupos irregulares o delincuenciales colombianos (El Comercio, 27-01-2018).
El 5 de abril Moreno expresaba que “los periodistas” “son de alta prioridad nacional”, añadiendo: “vamos a hacer que… regresen con vida” (Expreso, 5-04-2018). Aparentemente, había tal convicción, que uno de los familiares de los secuestrados diría en referencia al gobierno: “(s)e están dando los pasos necesarios para llegar a un feliz término” (Dávila, PU, 10-04-2018). Sin embargo, el 13 de abril, Moreno informaría “con profundo pesar … que se han cumplido las 12 de horas de plazo establecido. No hemos recibido ninguna prueba de vida. Lamentablemente, tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”.(El Comercio, 14-04-2018). El 11 de abril también habían sido raptados en territorio colombiano una pareja ecuatoriana, Oscar Villacís y Katty Velasco, cuyo similar destino sería confirmado con el hallazgo de sus cuerpos sin vida dos meses y 17 días después (El Comercio, 5-07-2018).
Luego de ocho meses del suceso, a través de la filtración de un audio de una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (COSEPE) realizada el 17 de abril de 2018, se develaría el cinismo de Moreno, pues mientras sostenía que las vidas de los periodistas eran de “alta prioridad nacional”, en esa reunión expresaba todo lo contrario: “Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una o de unas pocas o de algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá de eso ” (Telesur, 19-12-2018).
Frente a la conmoción que produjo esta revelación, el gobierno ofreció “desclasificar” tal intervención –no confirmada hasta la fecha-, alegando una descontextualización del fragmento del audio filtrado y añadiendo que la posición del gobierno fue “buscar una salida negociada al secuestro a los periodistas” (El Telégrafo, 19-12-2018). Sin embargo, las declaraciones de la Directora Nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de Colombia de que “el Gobierno de Moreno se negó a negociar el rescate del equipo periodístico” (Telesur,19 de diciembre), sembrarían también dudas sobre tal decisión, poniendo en evidencia, nuevamente, la doble moral del gobierno. De hecho, la real política frente a la vida de los/as ecuatorianos/as se volvería a expresar en la justificación de que “nada se podía hacer” frente al secuestro y asesinato de la pareja raptada posteriormente, porque “estaban en Colombia” (Revista Crisis, s/f).
La lógica de este cinismo gubernamental se develaría poco tiempo después, cuando so pretexto de la continuidad de las “acciones terroristas” de la guerrilla colombiana, se legalizaría el retorno y operación de los aparatos de seguridad estadounidenses en el territorio nacional a través de la suscripción de múltiples compromisos alineados a su estrategia de seguridad hemisférica que lesionaban la soberanía nacional del Estado ecuatoriano, política paralela a la ruptura paulatina de la política internacional de integración regional impulsada durante la década del gobierno progresista. Pero, no solo eso.
El desentendimiento con el destino de los/as compatriotas secuestrados en la frontera norte en 2018, marcaría el inicio de una política de preferencia por la muerte y de desprecio por la vida que ha caracterizado al gobierno de Moreno. Cual títere de las oligarquías y el imperialismo, continuaría inmediatamente con la condena a muerte que significó la entrega de Julián Assange a manos de los aparatos de seguridad del Reino Unido y EEUU y se sellaría con el asesinato de más de una decena de ciudadanos/as en las protestas legítimas de octubre de 2019 contra el capitalismo salvaje del FMI, ambos acontecimientos aplaudidos fervorosamente por la plutocracia. De hecho, iría más allá, encontrando su punto culminante en el deceso de miles de ecuatorianos/as en calles, casas y hospitales, víctimas de la negligencia criminal de sus decisiones, favorables exclusivamente a los negocios privados y a un puñado de oligarcas privilegiados, hoy conocidos como los #VacunadosVIP, ligados al candidato que disputa actualmente la presidencia en su representación.
La conmemoración del luctuoso acontecimiento sucedido en la frontera norte hace tres años nos encuentra, en este momento, de cara a una disyuntiva no solo electoral, no solo entre agendas programáticas: progresista o neoliberal. Se trata de una disyuntiva más profunda, una disyuntiva histórica: o continúa esta política de la muerte sobre la vida, que representa el gobierno de Moreno y su mentor el banquero Guillermo Lasso con su agenda neoliberal; o se rompe con esta continuidad y se vuelve a recuperar el principio de la vida sobre la muerte, del ser humano sobre el capital que representa el binomio progresista Arauz-Rabascall.