Ezequiel O. Salinas
Como testigo del regreso de la Argentina al FMI no me queda ninguna duda que el Ecuador va por el mismo camino.
En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina dio una enorme lucha en contra de los fondos buitres. Lideró en las Naciones Unidas el establecimiento de reglas globales para la reestructuración de la deuda soberana. Y en el marco del G-20, impulsó la necesidad de la regulación financiera y la lucha contra los paraísos fiscales. A nivel nacional, impulsó la sustitución de importaciones y transformó al banco central para que contribuya a financiar el desarrollo.
El peronismo progresista, denunció reiteradamente que un triunfo de Macri llevaría a la Argentina de vuelta al Fondo. También denunció que Macri pactaría con los fondos buitres y seguiría un camino de endeudamiento agresivo a expensas de la soberanía argentina. Macri constantemente lo negó.
En el gobierno de Rafael Correa, Ecuador renegoció parte de su deuda externa con Wall Street. Lideró en Naciones Unidas un tratado vinculante de derechos humanos para empresas transnacionales. Y, también en la ONU, impulsó la creación de una instancia de cooperación tributaria en contra de la evasión tributaria y de los paraísos fiscales. A nivel nacional, buscó precautelar la dolarización controlando las importaciones y también transformó al banco central para que contribuya a financiar el desarrollo nacional.
Ante el viraje de Lenín Moreno, los ‘correístas’ denunciaron reiteradamente que se estaba llevando a cabo una derechización del gobierno y que Moreno devolvería el país a las transnacionales, al FMI y al tutelaje de los Estados Unidos. Los ‘morenistas’ todavía lo niegan.
Antes de acudir al FMI, Macri realizó la primera parte del ajuste económico, cuyas consecuencias las enfrentan las clases medias y populares. Entre otras, el acuerdo con el FMI recientemente anunciado agudiza el ajuste, desfinancia a las provincias argentinas, dispone que debe haber superávit primario, fomenta las privatizaciones, privilegia el endeudamiento externo e imposibilita que el banco central financie el desarrollo.
El FMI desembolsará 50.000 millones de dólares a Argentina. Sin regulaciones a los movimientos de capitales y a las importaciones (que Macri desmontó), ese dinero se fugará de la economía argentina en poco tiempo y la situación económica se agravará.
En el caso argentino, lo más obsceno es que buena parte del gabinete de Macri –ex gerentes de grandes corporaciones– tienen sus capitales offshore y la devaluación del peso les resultó muy rentable. Estos conflictos de interés son comunes –a veces pareciera que es un requisito– para que se puedan llevar a cabo estas medidas antinacionales y antipopulares.
El gabinete de Moreno también está lleno de representantes del sector empresarial, incluso vinculados a capitales transnacionales turísticos y petroleros, y su último giro a la derecha se cristalizó con la entrega del Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio de Aduana a representantes corporativos. El Ministro de Comercio Exterior e Inversiones, supuestamente encargado de atraer inversiones, ha sacado millones de dólares del país.
La Trole 3 es muy similar a los requisitos que pidió el FMI a la Argentina. Incluye despidos y liquidaciones por el 10% del presupuesto, disminución de recursos a los municipios y provincias, obligatoriedad de superávit primario, prohibición de financiamiento del Banco Central, orientación hacia el endeudamiento externo, facilitación de privatizaciones y permisividad en la fuga de capitales. El primer informe de la Trole 3 no la cambió sustancialmente. Esta ley, sumada a la derogación de la tasa de control aduanero y el bobo aperturismo comercial, significará un ajuste macroeconómico similar a lo que está viviendo en la Argentina.
En esas condiciones, no vendrá la inversión extranjera. El mercado interno se debilitará por la contracción económica –la convulsión social aumentará– y el potencial exportador (aún si le exonera totalmente del impuesto a la renta) estará limitado por la rigidez cambiaria de la dolarización en medio de las inminentes devaluaciones que ocurrirán nuevamente en la región.
La Trole 3 elimina las fuentes de financiamiento interno –prohíbe que el Estado reciba financiamiento del banco central, de los bancos públicos y de la seguridad social– y ordena que los préstamos ya otorgados no sean renovados. Esto está diseñado para que la única opción que le quede al gobierno sea acudir al FMI.
Firmar una carta de intención con el FMI con el contenido de la Trole 3 hubiese sido rechazado por la sociedad. Por eso Moreno implementa las condiciones de forma “soberana” para que la nueva carta de intención con el FMI sea potable. A la Trole 3 hay que detenerla.
El progresismo ecuatoriano debe actuar de forma urgente, debe invitar a los progresistas argentinos para que compartan con los trabajadores y las universidades lo que se está viviendo en la Argentina.
No hay tiempo que perder, pues hoy, el Ministro de Economía y Finanzas ya se encuentra en Washington.