Verena Hitner
El paro que empezó en Brasil el 21 de mayo terminó. No queda duda de que el mayor perdedor fue el gobierno de Michel Temer. Durante estos días, la población brasileña apoyó la manifestación democrática y legítima de los petroleros y transportistas y dijo no a la intervención militar. Sobre todo, por segunda vez, dijo no a la privatización de Petrobras.
Según las encuestas, el 87% de la población apoya al paro y el 93% lo considera justo. El día viernes, el presidente de la estatal petrolera dimitió. La población queda atenta a lo que pueda suceder. La mayor victoria del paro fue haber puesto en debate público los cuellos de botella que el gobierno y la burocracia -que llegaron al Estado con el golpe- no querían tratar públicamente.
En un primer momento, el paro parecía una cuestión fácil de ser analizada: se trata de un paro patronal en contra del aumento del precio del combustible. Sin embargo, el tema fue haciéndose más complejo, especialmente con la decisión del sector petrolero de ser parte de la huelga.
Para una parte del movimiento de huelga, especialmente la parte apoyada por las empresas de transporte y el capital internacional, parece ser un tema estrictamente tributario y la disminución de los impuestos sería la solución. Sin embargo, es importante aclarar dos puntos. En primer lugar, que el paro es la explicitación de las falencias del golpe de 2016. Es decir, la política económica de Temer generó un cao social tan grande, de manera tan rápida, que el capital nacional ya no está dispuesto a defenderlo. Además, es importante aclarar que el problema del combustible en Brasil hoy, es, antes que nada, un problema de gestión de la estatal petrolera brasileña, la Petrobras.
En octubre de 2016, con el aval del gobierno Temer, el presidente de Petrobras, Pedro Parente, que había sido el responsable por la crisis energética que vivió el país en el gobierno Fernando Henrique Cardoso, adoptó una política de precios internacionales para los derivados producidos por la estatal, sin establecer cualquier mecanismo de protección para los consumidores. Lo que dejó el país rehén de la decisión internacional sobre los precios del petróleo.
La opción del gobierno Temer, fue satisfacer el capital internacional que actúa en Brasil, y en julio del año pasado empezó una política de reajustes diarios de los precios en las refinerías. Desde entonces, la Petrobras alteró 230 veces los precios en las refinerías, lo que resultó en un aumento de más de 50% en el precio de la gasolina y del diésel, y de 60% en el gas natural.
O sea, de nada sirve, en la actual coyuntura, reducir los impuestos que el gobierno ya había aumentado en un 100% el año pasado, si no hay un cambio estructural en la gestión de la estatal petrolera, que, desde que empezaron los escándalos de corrupción, ha sufrido mucho, contribuyendo al caos social del país hoy.
Despreocupado en defender el capital nacional, después de haber privatizado los campos del pre-sal, los gasoductos, las subsidiarias y otra decena de activos estratégicos del Estado, el objetivo de este gobierno es la continuación del proceso de privatización de las refinerías, de los ductos, de los terminales, como había sido pensado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en el marco del Consenso de Washington. Y lo estaba haciendo, de manera ilegítima, sin hacer pública la cuestión.
Según datos del sindicato de los petroleros (FUP), en 2013, Petrobras tenía la capacidad de atender a 90% de la demanda interna por combustibles. En 2017, ese porcentual cayó para el 76%. Algunas refinerías ya operan con menos de la mitad de la capacidad de producción. Los derivados importados ya representan un 24% del mercado nacional, es decir, de cada 10 litros de gasolina vendidos en Brasil, 2,5 litros son importados. Con el aumento de las importaciones de combustibles, se hará cada vez más difícil controlar los precios. Sin paridad internacional, las importadoras saldrán de escena dejando perjuicios a Petrobras.
Los grandes medios brasileños de comunicación esconden el problema de gestión de Petrobras, haciendo creer a la población que la disparada de los precios de los combustibles es solo una cuestión de tributación.
El paro de los petroleros, junto a los “caminhoneiros” fue un paro por la retomada de la producción de combustibles en las refinerías brasileñas y por el fin de la importación de derivados de petróleo.
Estamos en un momento importante para la sociedad brasileña. En octubre tendremos elecciones. El principal líder popular está en la cárcel, condenado por crímenes sin prueba. Los sectores conservadores intentan hacernos creer que es inminente el golpe militar y generar el discurso de que lo que está es mejor que lo que fue la dictadura. Para los sectores progresistas, ese es el momento de denunciar el golpe y el caos social producido por este gobierno. Es el momento de disputar la sociedad desde una perspectiva progresista y soberana.