Por Gina Donoso
“Producto del disparo rompieron mi cráneo y tengo el hueso temporal desplazado, tengo sangre en el cerebro, el oído también y casi no puedo oír con el oído izquierdo […] Producto del disparo y de la caída se dañaron las membranas del gusto y el olfato…” (Informe CEVJ, p. 92)
Este es tan sólo uno de los cientos de duros testimonios que relatan las víctimas en el Informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ). El trabajo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y el Informe de la CEVJ son el reflejo de un trabajo técnico, histórico, decidido y valiente que investiga y devela los mecanismos de represión, violencia política y abusos a los derechos humanos cometidos durante las protestas de octubre 2019 por el régimen de Lenín Moreno Garcés.
El informe revela vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre de 2019. De los 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos, la CEVJ analizó 123 casos que tienen relación con violaciones al derecho a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, 3 casos de violencia sexual, 20 lesiones oculares. Además, la CEVJ registró que 81 personas refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.
La CEVJ destaca que “el total de casos presentado no debe ser considerado como definitivo y en el marco de la investigación penal se podrá establecer el número total de víctimas y afectados” (p. 239). En contextos de violencia política, las víctimas directas e indirectas suelen ser más, pero debido al miedo y estigmatización, entre otras razones, muchas víctimas y sus familias no presentan su testimonio de manera inmediata. Para tener una idea más clara del alcance de las violaciones, recordemos que durante las protestas, la misma Defensoría, en su mandato de monitoreo y tutela de derechos, llegó a registrar 1192 personas aprehendidas, de las cuales casi la totalidad recuperaron la libertad de manera inmediata y sin cargos, lo que develaría un proceso aleatorio y arbitrario de aprehensiones. Además, la Defensoría registró que 1340 personas resultaron heridas, sin embargo, es claro que no todas esas personas presentaron sus testimonios ante la CEVJ (Séptimo Informe Paro Nacional 2019).
Respecto a este carácter masivo de las violaciones de derechos humanos, relata un voluntario que coordinaba las brigadas de atención médica: “Atendimos en toda la semana siquiera hemos de haber tenido con impactos en la cara y en la cabeza siquiera de unos 180 a 200 personas que pudimos nosotros en el grupo de paramédicos chequear esa cifra. Impactos en las costillas, en las espaldas, piernas, canillas destruidas” (Informe CEVJ, p. 92).
Las comisiones de la verdad son órganos creados para investigar patrones de violencia ocurridos en un país durante un tiempo determinado, y son parte de las diferentes medidas para responder a violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas en el pasado y lograr una transición hacia la paz. Cada sociedad define las condiciones particulares de su comisión de la verdad. Por lo general, se caracterizan porque recogen información directamente de las personas afectadas, son oficiales, de carácter temporal y no judicial. Ignatieff (1996) afirma que “una Comisión de la Verdad puede lograr reducir el número de mentiras capaces de circular en el discurso público sin ser cuestionadas”.
La CEVJ no es una experiencia nueva, han existido alrededor de 40 comisiones de verdad en el mundo. Entre las más conocidas están: Argentina, Guatemala, Chile, Sudáfrica, Ruanda, Perú, Canadá y Uganda. Recordemos que en Ecuador ya existió una Comisión de la Verdad para investigar los mecanismos de represión y violaciones severas de derechos humanas durante las décadas de los 80s y 90s. Muchas de las víctimas cuyos casos fueron recogidos e investigados por la Comisión de la Verdad del 2010 aún esperan medidas de reparación integrales. Hoy, tan solo 11 años más tarde, se ha debido conformar una nueva comisión. Los hallazgos son trágicamente similares. Se han mantenido varios de los mecanismos de violencia, los mismos actores (policía, ejército, funcionarios públicos), y las víctimas siguen siendo poblaciones vulnerables y el pueblo ecuatoriano en su conjunto, aunque hoy las estrategias son más disimuladas o incluso solapadas (basta ver las declaraciones de la OEA sobre la violencia de octubre 2019 en Ecuador). El nivel de impacto traumático tanto social como individual se mantiene. Me referiré a este ámbito en un siguiente artículo.
Para aquellos que se quejan de las propiedades destruidas, de los actos delincuenciales de octubre 2019. Para los periodistas que no paran de preguntar si la DPE o la CEVJ son correístas o si han querido favorecer a algún candidato presidencial en las elecciones. Para Lenín Moreno, Guillermo Lasso o Tannya Varela, la flamante comandante general de la Policía Nacional, que han salido a descalificar el informe y tacharlo de parcializado sin siquiera informarse del perfil de los Comisionados (uno de ellos incluso ex candidato a la Vicepresidencia de la República por Movimiento Creo de Guillermo Lasso en el 2013 y ex director del movimiento Concertación junto a César Montúfar). Para todos ellos, una invitación ético-política: Lean primero el informe, revisen su marco teórico que es muy claro, miren la parcialización de los medios en la información que presentaban (y dejaban de presentar), lean los testimonios de las víctimas e imaginen que sus palabras fuesen las de sus madres, hermanas, amigos.
El Informe recoge importantes hallazgos y recomendaciones. Como manifestaba el Defensor del Pueblo, se ha presentado la verdad de los hechos de octubre 2019, ahora es el turno de la justicia y las reparaciones. Sin embargo, estudios en justicia transicional (Centro Internacional de Justica Transicional, 2103, p.14) han demostrado que los procesos de investigación, sanción y reparación tienen un mayor impacto y efectividad si se cuenta con voluntad política por parte del Estado para exigir el suministro de información y recursos adecuados para financiar las acciones, movilizar a las víctimas y sobrevivientes, documentar el abuso y presentar formalmente sus hallazgos, entre otras de las complejas e intersectoriales reparaciones que se necesitan para el cumplimiento efectivo e integral de las mismas. Más allá de ideologías, posturas o tendencias políticas, es necesario reconocer que sólo un candidato -Andrés Arauz- asistió a la entrega del Informe y que es éste mismo candidato es el único que se ha comprometido a velar por los derechos a la justicia y reparación de las víctimas.
Si no sancionamos la violencia producida en octubre de 2019, la historia se repetirá y en poco tiempo estaremos enfrentando más violencia y coleccionando comisiones de verdad como en algunos países en postconflicto de otras latitudes. Si no hay justicia y memoria, legitimamos socialmente la impunidad y permitimos el devenir de un Estado cuyo rol de protección se ha subvertido. Y entonces, los ecuatorianos y ecuatorianas tendremos tres trágicas consecuencias: 1) Decidimos perder por completo la capacidad de empatía y solidaridad por nuestra gente más sencilla que es la que salió a protestar y las principales víctimas de la violencia. 2) Decidimos abiertamente que “todo se vale” y legalizamos la posibilidad de perder los ojos y hasta la vida si llegamos a protestar por algo. 3) Los siguientes muertos, con lesiones oculares y traumas socio-políticos permanentes serán tus hijos o hijas, tus padres, tus amigos o tú mismo.