El afán “redentor” de este desgobierno tiene una única y plena convicción. El Ecuador era el país de las maravillas hasta 2006. Todo lo que la década de gobierno de Rafael Correa hizo, estuvo mal, acabó con la patria y nos convirtió en añicos. Este relato es reiterado por todas las élites gobernantes y no. Las élites banqueras y las empresariales rentistas, la iglesia, las cúpulas sindicales, los feligreses de teorías económicas insulsas y sin sustento científico, las alas conservadoras de la conservadora y esquizofrénica sociedad en la que vivimos, todas sostienen en su limitada capacidad de observación de la realidad este relato que es feliz y ampliamente reiterado por los medios de comunicación, voceros y miembros activos de varias de esas élites.
Claro, el Ecuador de 2006 se limitaba a 4 barrios exclusivos de Quito y Guayaquil y su norte no estaba en duda. Cualquier dirección era buena mientras cada una de esas élites perversas mantuviera sus cuotas de poder económico, político (que resultaron siempre lo mismo), social o moral. De cierta forma el Ecuador de 2006 era maravilloso… si eras parte de cualquiera de esas élites, obvio; o peor aún, si te creías parte de esas élites. (chullas Romero y Flores es lo que más hay en Quito hasta el sol de hoy –véase lo que tenemos por presidente de la República-).
Lo cierto es que, si se mira más allá del imaginario ignorante, prejuiciado y dominante que sostiene el perverso encuadre de la realidad en este plano universal, se puede saber que no hay ningún indicador que demuestre la situación real del país, que haya estado mejor en 2006 que en 2017. Y en esta realidad, aunque usted no lo crea, se incluyen los miembros reales o ficticios de las élites enumeradas previamente. Veamos sólo algunos datos oficiales del Banco Mundial:
Fuente: Banco Mundial. Consulta 4 de julio de 2019
Podría seguir, pero creo que estos datos son más que suficientes para evidenciar el punto que quiero sostener en este post. Tales resultados fueron posibles por la inversión pública en todas las esferas de la sociedad. Inversión pública que no solo la hizo el gobierno central sino también los gobiernos locales, a través de infraestructura sanitaria, urbanización o la mal llamada regeneración urbana, solo por citar ejemplos.
La disminución de la pobreza, entre otras razones, se explica por el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos y la ampliación de la cobertura y acceso a derechos básicos como salud, educación o seguridad ciudadana. Para mantener esta calidad es necesario inversiones importantes en infraestructura (como los centros de salud o las escuelas o UPCs), la provisión de equipamiento de calidad (ahora todo policía tiene un equipo de comunicaciones, arma con municiones, chaleco antibalas) y mantener todo el tiempo personal capacitado y bien remunerado (ningún médico, profesor o policía tiene por qué ganar una miseria por garantizar derechos fundamentales).
Las necesidades sociales se pueden administrar con una lógica empresarial. No se puede esperar que las medidas de austeridad que aplicaría una empresa en situación de crisis financiera, sean aplicables en un Estado que no tenía problemas críticos financieros (ahora los tiene porque condona más de USD 4 mil millones en deudas con el Estado, se ata de pies y manos para volver a entregar USD mil millones anuales al IESS aunque no los necesite y el largo etc., de desaciertos económicos) y que, por el contrario, requiere mantener un nivel de gasto para lograr que más gente salga de las condiciones estructurales de pobreza que todavía persisten.
La decisión de revertir (que no es sinónimo de optimizar) el proceso de desconcentración de la administración del Estado para ampliar la cobertura y calidad de los servicios y el acceso a derechos fundamentales es un desatino y una muestra de la supina ignorancia de los nuevos tecnócratas formados en las mejores escuelas de negocios del mundo; que piensan que la administración pública es equiparable a la empresarial y por tanto toman decisiones que les enseñaron en su formación académica pero que no tienen ningún asidero lógico, pragmático o verdadero con la realidad de nuestro país. El momento en que deciden eliminar la capacidad administrativa de las unidades desconcentradas del Ejecutivo -en el territorio- están volviendo 15 años en el pasado, cuando reponer el papel higiénico de los baños tomaba 6 meses a un año, y la contratación de un funcionario en reemplazo de otro que falleció tomaba hasta 2 años. No pasarán ni 2 meses y se agudizarán los problemas de salud (si antes no había medicinas, ahora peor) de educación (los profesores no tendrán ni tiza para enseñar a los estudiantes) o de seguridad (hasta que paguen la gasolina de los patrulleros, los autos pasarán parqueados y sin poder hacer rondas ni acudir a emergencias).
A los operadores de la economía política de este gobierno, lo que pase más allá de los 4 barrios exclusivos de Quito y Guayaquil y de las élites cogobernantes, les tiene sin cuidado. Para ellos, el Estado no es un acuerdo social para construir condiciones de vida mejor para todos los habitantes del Ecuador sino un mecanismo para poder extraer la mayor cantidad de recursos posibles de este empobrecido país y garantizar el pago de las deudas que este Estado adquiere con ellos mismos.
A este gobierno, el futuro de las clases populares y de aquellos que han vuelto a la pobreza después de 2 años de desatinos y desgobierno, se lo pasan por el forro. Los quieren pobres e ignorantes porque así, el Ecuador vuelve a ser ese país de 2006 que nunca debió cambiar para dar esperanza a los que no son de los 4 barrios o de las élites. Así, por fin, el Ecuador vuelve a ser un buen país… para ellos y solo para ellos.