Por Rodrigo Rangles Lara
La fuerte influencia político- militar norteamericana, el crecimiento sostenido del narcotráfico, paramilitarismo incontrolado, sumado a un gobierno de ultra derecha; convirtieron a Colombia en un tenebroso vecino de América Latina y, particularmente, para Ecuador y Venezuela, países fronterizos.
Al tenor del Plan Colombia, levantado con el supuesto propósito de liquidar el narcotráfico, los Estados Unidos instalaron ocho bases militares, en distintos puntos del territorio colombiano, con una gigantesca inversión que se justifica, no precisamente con el éxito antinarcóticos, sino por los logros alcanzados en el control geopolítico de la región.
Contrariando interesadas campañas mediáticas promotoras de la instalación de esos enclaves militares extranjeros, encontramos que, en lugar de las 60 o 70 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca registradas, al inicio de ese mentado plan; a la vuelta de varios lustros, se ampliaron a cerca de 220 mil y, consecuentemente, tanto la producción como la comercialización del asesino alcaloide, crecieron exponencialmente.
El fenómeno se comprende cuando Juan Pablo Escobar Henao, primogénito de El Patrón, explica en su reciente libro: “Pablo Escobar infraganti” que, en la época dorada del negocio, se construyó una verdadera autopista de comercialización del narcotráfico, entre Medellín y Miami, donde “los sistemas de control estaban comprados de manera que se llevaba la cocaína sin disimulo, como si se tratara de cualquier producto de libre exportación”.
“A las mulas que custodiaban la droga ni siquiera se les pedía visas para entrar a Estados Unidos”, señala, tras afirmar que, “cada semana, durante tres años consecutivos, el Cartel de Medellín enviaba 800 kilogramos del polvo hacia Miami”.
Al hablar sobre las razones para tanta facilidad, Escobar Henao reveló que “´los oficiales corruptos de la DEA recibían 3.500 dólares, por cada kilogramo de la droga, para permitir el ingreso a Estados Unidos, lo cual les reportó unos 440 millones de dólares de ingresos, sin contar los 800 millones que le tocaba a mi padre”.
Los latinoamericanos estamos – dice – frente a un juego macabro, porque desconocemos los nombres de los jefes de los “carteles fantasmas” a cargo de la comercialización en Miami, New York, los Ángeles, o Chicago, que ganan sumas astronómicas de dinero, tomando en cuenta, además, la inescrupulosa habilidad para convertir cada kilo de coca pura, en ocho falsificados, añadiendo vidrio molido, un verdadero atentado contra la salud y vida de los consumidores.
Desmontando el mito del éxito logrado en “La Guerra del combate a las Drogas”, en Colombia, el primogénito de Pablo Escobar Gaviria contó que su padre, refiriéndose a sus conexiones con agencias estadunidenses, especialmente la Agencia de Control de Drogas (DEA), le dijo: “Terminamos trabajando con quienes más nos perseguían”, enfatizando luego: “Y eso sigue, 23 años después”.
Organismos especializados, en el manejo del tema, señalan a Colombia como el mayor productor de cocaína a nivel mundial y, a Estados Unidos, en la cima del consumo, con 70 millones de adictos activos y líder en la elaboración de marihuana, LSD, crack, anfetaminas, tal como otras drogas sintéticas: “la causa de mayor mortalidad en ese país”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), en su informe del 2019, determina que el ilícito manejo mundial de los alucinógenos representó ingresos cercanos a tres billones de dólares y comenta que, lo acontecido con el Plan Colombia, “es un testimonio de cómo el negocio controla directamente los Estados Unidos, a través de organizaciones paramilitares y contratistas estadounidenses”.
El periodista norteamericano Gary Webb publicó, en el diario San José Mercury New, de California, una serie de artículos reveladores de las conexiones entre la Central de Inteligencia Norteamericana (CIA), el narcotráfico y la guerra contra Nicaragua, país considerado “un peligro para la seguridad de Estados Unidos”, como usualmente se declara a las naciones no alineados con su visión e intereses.
Su colega y compatriota Mike Whitney corrobora esas afirmaciones y, va más lejos, apuntando que “el narcotráfico es un eslabón del poder financiero estadounidense, para expandir su dominio y engordar los beneficios de Wall Street”.
Esto provoca – anota, a renglón seguido – “una ola de violencia donde la DEA, la CIA y el FBI, actúan en alianza con los carteles”, coincidiendo con datos oficiales, según los cuales “La Guerra contra las Drogas”, declarada en 1971, ha causado alrededor de 500 mil muertos en México y Colombia.
No es un secreto que altos estamentos de los poderes reales y fácticos están penetrados por el narcotráfico y que los paramilitares forman parte de ese entramado tenebroso, en el que se encuentra involucrado el ex presidente Alvaro Uribe, verdadero mandamás de Colombia, autor intelectual de torpedear el proceso de paz e impulsar una indetenible ola de violencia, en procura de proteger sus “negocios”.
La modelo y presentadora de televisión, Virginia Vallejo, en su hora amante del Patrón, en el libro “Amando a Pablo y odiando a Escobar” – ahora testigo protegida – reveló, por vez primera, los vínculos de Uribe con Escobar Gaviria, en su calidad de Jefe de la Aviación Civil de Medellín, punto de partida de la autopista de la droga hacia Miami, referida por Escobar hijo.
El entonces Presidente Uribe negó y, hoy, continúa negando su participación, más los necios acontecimientos, testimonios y pruebas materiales registrados en un informe de Justicia por la Paz, emitido el 18 de febrero de este año, probaron su directa vinculación con el asesinato de 6.400 inocentes jóvenes colombianos, premeditadamente escogidos y muertos en un inexistente combate , conocidos como “falsos positivos”.
Lo execrable de estos crímenes cometidos por militares, bajo la orden del General Mario Montoya, cuando Uribe era Presidente y Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa, sirvió para que varios de los casi dos mil militares implicados obtuvieran dinero, ascensos, condecoraciones, vacaciones y otros perversos incentivos justificativos de esa guerra contra la insurgencia, entre 2002 y 2008.
Autoridades judiciales y organismos de derechos humanos consideran que, además de esa masacre, se debe investigar el destino de unos 120 mil muertos y/o desaparecidos en el marco del llamado Plan Patriota, cantidad infinitamente superior al genocidio perpetrado en los gobiernos fascistas de Pinochet o Videla.
El dominio público apunta a Uribe, en calidad de mentalizar y, a los líderes paramilitares, como operadores de una política narco-delictiva que, bajo la consigna de “refundar la patria”, siembran terror en la población civil, con el pretexto de combatir el “comunismo”. Esa cruda y dolorosa realidad se vive a diario con masacres o ejecuciones extrajudiciales a decenas de líderes campesinos, obreros y defensores de derechos ciudadanos, opuestos a la política antipopular del mandatario Iván Duque Márquez, cuyo mentor es el mismo Alvaro Uribe.
Colombia, lamentablemente, se volvió un Estado en descomposición ética y moral, donde desaparecen misteriosamente, cada día, un promedio de cuatro niños/adolecentes – suman ya, cerca de mil ochocientos – a cargo de bandas traficantes de órganos con fines terapéuticos, pornografía infantil y trata de menores en la red de prostitución.
Los dirigentes de ese Estado secuestrado militarmente, siguiendo ciegamente orientaciones del “norte brutal y revuelto”, conspiran contra los países vecinos que buscan, o pretenden encontrar, caminos distintos a la imposición e intereses de los poderes fácticos extranjeros, con el ciego apoyo de anti patrias nacionales.
Venezuela ha demostrado y denunciado ser víctima de conspiraciones colombo – norteamericanas con miras a derrocar su gobierno socialista bolivariano, legítimamente instaurado, en inadmisible y grosera injerencia que puede desatar, en cualquier momento, un conflicto bélico de imprevisibles repercusiones en la región y el mundo.
Ecuador ya sufrió el abusivo bombardeo en Angostura y la injerencia colombiana se presentó, nuevamente, inventando un inexistente apoyo económico del guerrillero ELN, a la campaña electoral de Revolución Ciudadana, con el fin de torpedear el acceso al poder de la progresista Unión por la Esperanza.
¡Cuidado! La conspiración está latente. En el norte hay un vecino tenebroso.