Una coyuntura crítica: sobreviviendo al COVID 19 con un gobierno sin oxígeno

Ángeles Enríquez|Virgilio Hernández|
  1. Una coyuntura crítica

Stevenson Marulanda Plata[1] dice que una coyuntura crítica es: “un gran acontecimiento, o una confluencia de factores, que transforma de manera súbita la vida económica, política y social, existente en una determinada sociedad, y cuya magnitud es tal que, resuelta esta, puede provocar, para bien o para mal, un cambio definitivo en las costumbres y trayectoria de un país. Es decir, una coyuntura crítica puede ser un arma de doble filo; así como puede ser un noble bisturí que extirpa una pestilente gangrena que agobia a una sociedad, puede ser un artero y amargo puñal que termina de rematarla”; según sus palabras, eso fue lo que sucedió en Europa, con la “peste negra” y los efectos que causó en Europa, diferenciando lo que sucedió en  “Europa oriental y occidental”.

Indudablemente el Ecuador vive una coyuntura crítica, la pandemia del Covid-19, evidenció los múltiples rostros de la crisis: sanitaria, agravada por la desinversión en el sector en los últimos tres años; la crisis económica que fue auto inducida por el propio Gobierno, que abandonó su programa económico y acordó otro con  las élites y Fondo Monetario Internacional, evitó controlar la salida de dólares y por dogmatismo fiscalista generó una crisis económica; al mismo tiempo,  mostró una crisis social, agravada por el aumento nuevamente de la pobreza y la desigualdad;  además,  una crisis de las estadísticas que impide contar siquiera los muertos, mucho menos, contar con los datos que permitan ubicar de manera adecuada los programas sociales para atender asistencias humanitarias, sean monetarias o alimenticias.

Como dice Boaventura Do Sousa Santos: “la pandemia solo agrava una situación de crisis a la que ha sido sometida la población mundial. Es por ello que implica un peligro específico. En muchos países, los servicios de salud pública  “estaban mejor preparados para enfrentar la pandemia hace diez o veinte años de lo que lo están hoy”.[2]

Indudablemente las medidas de aislamiento, no se las vive de la misma forma en las diferentes partes del mundo, pero tampoco al interior de cada uno de los países; si bien las dificultades económicas generarán una situación extremadamente difícil para cada una de las sociedades, hay grupos y sectores de la sociedad que ya vivían en situaciones “de excepción” antes de la pandemia y ahora se han agudizado, recurriendo nuevamente a Boaventura de Souza Santos, “la cuarentena del sur”, no como un lugar geográfico, sino como un espacio tiempo-político, social y cultural[3].

No es un accidente que la ciudad más golpeada por el Covid- 19, sea la ciudad de Guayaquil, ciudad considerada una de las de mayor desigualdad social y mayor pobreza; o, que en tiempo de pandemias se hayan incrementado los reportes de llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar, o que quienes se han visto en la obligación de romper la cuarentena sean los trabajadores autónomos y los informales; sin contar, por ausencia de datos con la situación de adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas que en el Ecuador del Covid-19,  han pasado de una situación de vulnerabilidad a la de invisibilidad, de hecho, en este momento de emergencia nacional, no existen iniciativas, acciones, ni datos de la labor de la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida ni de la Misión Las Manuelas, dirigida por la esposa del presidente Lenín Moreno, Rocío González, que dé cuenta de la ayuda que se brinda a los sectores de atención prioritaria.[4]

La pregunta pendiente es ¿Las diferentes dimensiones de la crisis desencadenarán una crisis política? El gobierno desperdició la posibilidad de un  acuerdo inicial que le habría permitido otras condiciones de gestión política de la crisis, al no acoger el pedido de todos los bloques representados en la Asamblea Nacional, que le exhortaron a que no pague 324 millones de dólares correspondientes a bonos soberanos; de igual forma, insistió en la confrontación con el Movimiento Político de la Revolución Ciudadana, en lugar de propiciar una tregua política para atender la salud del pueblo.

Otro tema que está latente es la relación entre los niveles subnacionales y el gobierno central; desde el primer momento existieron tensiones en torno a las competencias, la disputa de autoridad y los recursos, que han mantenido de forma permanente y ahora se agudizan con la decisión asumida por el Gobierno Nacional de trasladar la responsabilidad de levantar la cuarentena a los municipios, sin que estos cuenten con las condiciones, ni dependa de ellos todos los factores que permiten tomar una decisión con criterios científicos, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud OMS.

  1. Los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo

El Presidente de la República presentó el día 16 de abril de 2020, es decir a los 45 días de haberse presentado el primer caso de Covid-19, a los 35 de declararse la Emergencia Sanitaria y al mes de declarado el Estado de Excepción, dos proyectos de ley,  uno denominado Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir el COVID-19 y otro con el nombre de Ley Orgánica para el  Ordenamiento de las  Finanzas  Públicas.

 El Gobierno Nacional a través de la ley de Apoyo Humanitario busca implementar  la cuenta nacional de asistencia humanitaria y recaudación de recursos por USD 1.418 millones: USD 901,1 millones provenientes de 1,3 millones de personas naturales durante 9 meses, de acuerdo a la tabla de contribución humanitaria y el aporte de servidores públicos; y, USD 516,9 millones como contribución solidaria de personas jurídicas mediante el aporte del 5% sobre el resultado mayor entre la utilidad gravable y disponible para distribución del año fiscal 2018, siempre que haya sido mayor o igual a USD 1 millón[5].

Además, pretende la reducción permanente posterior al tiempo de contribución del 10% de la remuneración mensual de todos los funcionarios públicos de la función Ejecutiva y empresas públicas cuya remuneración sea mayor o igual a USD 1000, así como la  eliminación de cualquier asignación a publicidad y promoción electoral para el proceso electoral 2021. Plantea que se expondrán los planes de trabajo a través de debates obligatorios transmitidos por los medios de comunicación[6].

Respecto del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir el COVID-19, es importante señalar que NO cumple con los criterios de progresividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria;  las cargas tributarias no pueden ser iguales para todos; tratar a los desiguales con los mismos criterios no es un acto de justicia, más bien profundiza las injusticias.

En el informe aprobado para primer debate en la Comisión de Desarrollo Económico, se definió una contribución desde quienes ganan a partir de 720 dólares. La contribución del 5% para todos los que tuvieron utilidades por encima del 1’000.000 de dólares evidencia la alianza entre el Gobierno de Lenín Moreno y el Movimiento político CREO, aunque, luego de los pronunciamientos públicos de Guillermo Lasso,  la aprobación de la ley esta condicionada a que no se afecten intereses de los sectores más ricos de la sociedad ecuatoriana . No se incorpora un impuesto al patrimonio, tampoco hay progresividad para permitir, por ejemplo, que se cobre un porcentaje mayor a los bancos y otras empresas que en los últimos años tuvieron importantes ganancias. Tampoco se hace absolutamente nada para evitar la salida de dólares de la economía.

En esta coyuntura ha sido evidente que la mayoría de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, desde los parroquiales, municipales  y provinciales; han actuado con gran responsabilidad, para dar respuestas a los conciudadanos, a pesar de que se les adeuda transferencias incluso desde antes de que se presente la actual crisis sanitaria; en el caso de los gobiernos provinciales, desde el mes de febrero y en el de los gobiernos municipales y parroquiales, desde el mes de marzo; sin embargo, en el proyecto, no se consideró la participación de los Gobiernos Autónomos ni tampoco la obligación de que se pague las deudas con estos gobiernos.

Respecto del proyecto de Ley Orgánica para el Reordenamiento de las Finanzas Públicas este mantiene un exacerbado tinte fiscalista e inconstitucionalmente intenta subordinar la planificación del desarrollo a principios y reglas fiscalistas, “que de manera irresponsable limitan el campo de acción de las entidades estatales para el manejo de las finanzas públicas, y privilegian el empleo de los recursos públicos al pago de deuda y otras obligaciones como el pago de laudos arbitrales, por sobre la prestación de servicios y la garantía de derechos, en abierta contradicción con el concepto de estado constitucional de derechos y justicia y del Buen Vivir consagrados en la Constitución. Como lo dijo, el propio Ministro de Finanzas, es una exigencia del FMI y no tiene nada que ver con la emergencia, tanto que sus normas se aplicarán a partir del año 2022”[7].

Aniquilar derechos de los trabajadores

Los grupos de poder pretenden aprovechar este momento de incertidumbre para implementar mecanismos de flexibilización laboral. Las normas propuestas realizadas por el Ejecutivo son regresivas en derechos y en materia económica, inconstitucionales y contravienen a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es ilógico y un contra sentido histórico pensar que se reactivará la economía produciendo menos (reducción de jornadas y salarios), quitando capacidad adquisitiva al trabajador (reducción de salarios); las empresas necesitan producir igual o más que antes, sin embargo, requieren liquidez para cumplir sus obligaciones y en ese sentido debería apuntar la ley, en lugar de generar mecanismos que afecten derechos de los trabajadores.

Cuando se dice que el sector productivo es el motor de la economía no se puede hablar sólo del sector empresarial, sin contar con los trabajadores que son quienes  dinamizan la economía. Si el trabajador gana o se generan más despidos, disminuirá el consumo, por ende, menor producción y una evidente contracción de la economía que podría ser fulminante para el Ecuador y la dolarización.

Los acuerdos entre partes son siempre deseables, pero deben realizarse entre iguales para que exista un equilibrio. En las relaciones laborales no existe igualdad de condiciones entre empleador y trabajador, lo que desnaturalizaría claramente el acuerdo y sería abrir la puerta para generar evidentes violaciones de los derechos laborales. 

  1. La posición de los diferentes actores políticos

Los informes de los dos proyectos fueron aprobados en las respectivas comisiones, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en la Comisión de Desarrollo Económico y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas en la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Control, funcionó una vez más, el Acuerdo de Gobernabilidad que tiene como eje la alianza entre el Movimiento CREO y Alianza País, más algunos pequeños grupos de independientes y otras fuerzas políticas y con la votación negativa (abstenciones o en contra) tanto del Partido Social Cristiano cuanto de la Revolución Ciudadana; aunque es aún temprano para asegurar la aprobación en el pleno de el Asamblea Nacional.

 A pesar de la aparente coincidencia entre PSC y Revolución Ciudadana, la posición de estas fuerzas opositoras al proyecto de ley, es antagónica, pues mientras social cristianos buscan que los recursos provengan de un mayor ajuste y achicamiento del Estado; el Movimiento de la Revolución Ciudadana, propone que se cobre a las grandes fortunas, a las empresas que obtuvieron utilidades a partir del millón de dólares, un porcentaje que arranque en 5%; se cobre las deudas en firme con el Sistema de Rentas Interno; impuesto al patrimonio superior al millón de dólares y se evite la salida de dólares controlando las importaciones y estableciendo aranceles a los máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio y la Comunidad Andina.

Además, el bloque de la Revolución Ciudadana liderado por el Ex Presidente Rafael Correa, ha planteado una salida política frente al manejo de la crisis, solicitando la renuncia del régimen actual y la conformación de un Gobierno de Unidad Nacional, para lo cual han adelantado los legisladores del Bloque de Revolución Ciudadana que estarían incluso dispuestos a renunciar a sus escaños parlamentarios.

Sin embargo, de la actuación del Movimiento CREO y su acuerdo con el Gobierno, las declaraciones de Guillermo Lasso realizadas el 30 de abril, en las que plantea tres lineamientos: no se puede establecer más cargas a las empresas; que las contribuciones deben ser a las personas que ganan por lo menos 50000 dólares al año; y, anuncia que no se puede apoyar ningún impuesto que se quiera aprobar sin seguir la vía constitucional, referida a la contribución del 2% para los bienes inmuebles ubicados en Ecuador pero que son propiedad de personas naturales o jurídicas domiciliadas en paraísos fiscales[8]; podrían modificar la actuación de los legisladores, como se ha evidenciado en el primer debate de esta ley realizado del 30 de abril al 4 de mayo.

Con el apoyo condicionado de CREO la aprobación del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario se complejiza y puede abrir las puertas a otros escenario: 1. Crisis política y eventual muerte cruzada, que el gobierno la puede realizar exactamente hasta el 24 de mayo del presente año y previo acuerdo con la Corte Constitucional para que las elecciones se mantengan con el calendario ya definido por el Consejo Nacional Electoral. 2. Negociar con las élites empresariales para que aprueben mínimas contribuciones tributarias a cambio de una reforma laboral regresiva profundas; y, 3.  Acordar con el Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, que la propuesta de ley no se apruebe en la Asamblea y se apruebe por el ministerio de la ley.

El proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, debatido en primera instancia el domingo 4 de mayo, ha suscitado mayor preocupación entre algunas instituciones autónomas, como el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Banco Central y los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados;  se lo hace para cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, aunque no tenga nada que ver con la emergencia sanitaria, como lo demuestra la disposición que establece que sus normas regirán para el presupuesto de 2022.

Adicionalmente, durante este mes, han circulado diversos rumores respecto de las pugnas internas e incluso un posible distanciamiento entre el Presidente Moreno y el Vicepresidente Otto Sonnenholzner[9]; hechos que si bien no pueden ser corroborados, hay otros que si son evidentes, como por ejemplo, el cambio de los responsables de comunicación y de inteligencia del gobierno y con ello, el reaparecimiento en escena del Presidente Moreno y un video[10] del propio vicepresidente desmintiendo noticias de su distanciamiento, lo que podría leerse como necesidad de negar problemas, porque precisamente existen.

  1. Las posiciones de los actores sociales

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en la reunión de su Consejo Político[11] realizado el 6 de abril rechazó el pago de la deuda externa realizado por el gobierno Nacional, así como  cualquier ajuste al gasto público o que se aproveche esta coyuntura para eliminar los subsidios a los combustibles; planteó una compensación similar a la de un salario básico (USD 400), para todos los subempleados del país.

Entre las propuestas planteó la donación de los sueldos de los asambleístas por tres meses y la rebaja de sueldos del jerárquico superior del Ejecutivo del 50%

También propuso la creación de un fondo de emergencia para la compra de alimentos al sector indígena – campesino, y así, garantizar el abastecimiento en las ciudades, centros poblados provinciales, cantonales y parroquiales, evitando la especulación de precios y demandó el fortalecimiento de la economía popular, campesina y comunitaria, regulando el mercado para permitir  que la economía campesina pueda competir con las grandes empresas.

Además demandó del Gobierno, fortalecer el Sistema de Salud Intercultural, con la dotación de insumos, medicamentos, instrumentos hospitalarios e indumentaria de bioseguridad completa, aplicando el enfoque de interculturalidad de cada provincia y la declaratoria de utilidad pública del sistema de salud privado, así como los servicios mortuorios, crematorios y cementerios, mientras dure la emergencia sanitaria.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT)[12] frente a la coyuntura, ha ratificado su oposición al pago de la deuda externa; la eliminación del subsidio a los combustibles; a los despidos masivos, que  han sido pretendidos desde hace varios años por el sector empresarial; en su lugar proponen que se obligue a las grandes fortunas a contribuir para enfrentar la crisis.

El manifiesto del Acuerdo De Unidad Por la Vida[13], suscrito por organizaciones del sindicalismo público, campesinos, organizaciones poblacionales, profesionales y centenares de activistas sociales planteó en su pronunciamiento público: la declaratoria de crisis humanitaria en todo el territorio nacional ecuatoriano; la suspensión del pago de la deuda externa y el cobro de impuestos de quienes tuvieron ganancias extraordinarias el año anterior, para financiar la política sanitaria y garantizar de forma emergente los derechos constitucionales a la salud, la vida y la alimentación, y que no se tomen decisiones improvisadas sobre la crisis, como el levantamiento del confinamiento sin sustento técnico.

Rechazaron todo intento de eliminar subsidios, despedir o bajar el sueldo a los trabajadores; así como privatizar hidroeléctricas, refinerías o minerías, porque con estas medidas no se solucionan los problemas, sino se agravan en contra del pueblo, lo que ocasionaría una explosión social más grave que la rebelión indígena-popular de octubre de 2019; la que podría ser reprimida con mayor violencia por parte del régimen. Exigieron la plena vigencia y garantía de los derechos constitucionales y también  rechazaron  los proyectos enviados por el Ejecutivo

 Demandaron que todo el gobierno de Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner, renuncien y que la Asamblea Nacional, conforme el marco de la Constitución de la República y el sentir de la nación, integre un gobierno de salvación nacional y convocaron a conformar una Comisión por la Verdad y la Vida para transparentar las cifras, controlar el uso de recursos públicos y devolver la dignidad de las víctimas y personas fallecidas.

Las propuestas del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción[14], por su parte ha planteado diferir el pago de tributos y utilidades a 12 meses a partir de la finalización del estado de excepción, incluyendo el pago del IVA (marzo – mayo), el Impuesto a la Renta correspondiente al año 2019 y reparto de utilidades 2019 y la ampliación del crédito a 90 días para el pago de tributos al comercio exterior. Adicionalmente ha demandado la emisión de normas que permitan: contar con una figura similar a “Licencia sin remuneración” por calamidad pública, acuerdos entre las partes; y, prever nuevas formas de contratación acordadas entre las partes. Para las personas jurídicas, extender el diferimiento por 90 días de las obligaciones con el Seguro Social de los meses de marzo, abril y mayo de 2020; es decir, han vuelto a colocar, en el marco de la crisis, sus propuestas de flexibilización y disminución de salarios.

Por su parte la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha[15] ha puesto énfasis en la condonación desde la banca pública y privada de intereses gravados en los días de emergencia en todas las operaciones de crédito; así como en la reprogramación de pagos de capital después de emergencia y la orientación de por lo menos el 50% de créditos al fomento de la producción, la industria, la innovación, el emprendimiento y las PYMES, definiendo las tasas de interés en correspondencia con los mercados que operan en dólares en el mundo. La Cámara ha demandado, además: el  fortalecimiento de las líneas de crédito de BanEcuador y CFN a las PYMES y habilitar operaciones de crédito y factoring en la banca; reducir las importaciones de alimentos a 0 de forma indefinida, con la excepción de las que sean necesarias para combatir la emergencia sanitaria, promocionando y fortaleciendo la producción ecuatoriana; implementación de una estrategia para eliminar la subfacturación y sobrefacturación de importaciones y exportaciones, así como la mitigación del contrabando.

También han surgido propuestas de diferentes  “Thinks Tanks” en el  marco de esta coyuntura, así circuló una propuesta suscrita por 11 economistas, entre ellos, Alberto Dahik, Augusto de la Torre, Vicente Albornoz, Jaime Carrera, Walter Spurrier, entre otros, que retoman planteamientos ortodoxos y neoliberales, entre los más importantes: Reducir el gasto corriente mediante el recorte de gasto en nómina por USD 2000 millones, a través de una reducción inmediata del 20% de sueldos y salarios de empleados públicos y eliminación de los subsidios a combustibles; además sostienen que de forma posterior a la crisis,  se debe eliminar gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas, reducir el impuesto a la renta corporativo e incrementar el IVA.  

Señalan que se debe diseñar, en coordinación con bancos y cooperativas, medidas que alivien las obligaciones, para evitar un deterioro generalizado de la cartera y contribuyan a sostener la frágil economía ecuatoriana.

Además, proponen crear un “fondo de compensación cambiaria entre privados” con un recargo temporal a las importaciones del sector privado que no se utilicen en los procesos locales de producción y se destine, mediante fideicomiso, a compensar en igual magnitud a las exportaciones no minerales del sector privado.

Por su parte el Instituto de  Investigaciones Económicas de la PUCE establece como prioritario el incremento del presupuesto de salud, principalmente destinando recursos a la compra de pruebas, material de protección y facilidades de aislamiento para las personas contagiados. Dicho incremento sería posible, según el Instituto de la PUCE, redistribuyendo presupuestos, con una reducción de presupuestos de los demás sectores del Estado al mínimo indispensable. Sostienen también que se debería implementar medidas tributarias de corte progresivo, redistribuyendo recursos a los sectores más necesitados y coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado para afrontar la crisis sanitaria.

El Manifiesto suscrito por La Raíz, Desborde, CEDES, Observatorio de la Dolarización, Bulla Zurda, Contra Kultura, Observatorio de la Dolarización,  y otros colectivos[16] propone al Gobierno Nacional la necesidad de: adquirir la mayor cantidad de pruebas de detección de COVID-19 posibles a corto plazo y la necesidad de crear el Viceministerio de la Industria y la Tecnología de la Salud, para la reconversión industrial, compras públicas, investigación científica, permisos, distribución de insumos, entre otros. Colocan un aspecto fundamental en el debate internacional: la liberación de patentes para la fabricación de fármacos relacionados al COVID-19.

Sostienen que es necesario aplazar hasta el mes de junio del 2020 la declaración y pago de impuestos para personas naturales y MIPYMES, sin recargos, multas o intereses y establecer un impuesto del 1% a las personas cuyo patrimonio sea igual o mayor a un millón de dólares para destinarlo a los sectores de salud, protección social y garantía de empleo; adicionalmente anticipar el pago del impuesto a la renta del año 2019 de las grandes empresas y ampliar el plazo de pago para las MIPYMES, siempre y cuando paguen las utilidades a sus trabajadores.

Proponen la revisión del crédito tributario para evitar la utilización de facturas falsas que generan defraudación fiscal; así como exigir a las grandes empresas el pago inmediato de todas sus deudas por concepto de impuestos al Estado; también establecer un IVA diferenciado para estimular el consumo y destinar transferencias monetarias directas a familias más vulnerables de un salario mínimo para aquellos que no se encuentran afiliados a la seguridad social, pero se encuentran en edad de trabajar, y el 60% de su salario reportado, (o un salario mínimo, lo que sea mayor) a quienes sí se encuentran afiliados, y deberán mantenerse durante el tiempo que dure la crisis sanitaria.

Sostienen que se debería decretar a las grandes empresas el pago de utilidades del 2019 a sus trabajadores para incentivar el consumo y garantizar la provisión de canastas alimenticias para las familias que la requieren y la no suspensión por falta de pago, de todos los servicios básicos.

  • El apoyo de los medios de comunicación se resquebraja

Sin duda, uno de los factores de poder del Gobierno Nacional, ha sido el apoyo de los medios de comunicación, a partir de un pacto implícito realizado en la primera reunión que tuvo el Presidente Lenín Moreno con los dueños y representantes de las grandes empresas comunicacionales realizada el 12 de julio de 2017; en ella se acordó el apoyo irrestricto de los medios privados a cambio de la reforma a la Ley de Comunicación y el debilitamiento de los sistemas de información pública nacional.

A partir de esta reunión los grandes medios han mantenido un silencio casi hasta el borde de la complicidad con declaraciones desafortunadas del propio Presidente de la República o decisiones sobre el manejo de la economía;  el incumplimiento del plan de gobierno que ganó en las urnas; múltiples violaciones al Estado de Derecho o las violaciones al debido proceso y persecución judicial cuando se trata de actuaciones procesales contra el enemigo común que gobierno y medios construyeron: “el correísmo”.

Sin embargo, ese control de la agenda y de la opinión pública empezó a resquebrajarse en octubre de 2019, de hecho, el 86% de los ecuatorianos, según la encuestadora Perfiles de Opinión, cree que los grandes medios mintieron sobre los hechos de octubre[17] y “de acuerdo con el último estudio de la encuestadora CEDATOS (16 de abril) los medios de comunicación obtienen el 41% de calificación en cuanto a su actuación frente a la crisis del coronavirus. Y aunque esa sea una cifra superior a cómo se califica la gestión del presidente Lenin Moreno (24%, según CEDATOS)”,[18] evidencia un deterioro de la confianza y de la credibilidad. La baja credibilidad del gobierno de Lenín Moreno, arrastra a los grandes medios y a sus principales voceros.

Adicionalmente, el manejo de la crisis sanitaria, especialmente en la ciudad de Guayaquil, exhibido por medios internacionales[19], ha generado un resquebrajamiento en la unidad monolítica entre el Gobierno de Lenín Moreno y los grandes medios, incluso entre ellos y sus voceros[20]. Así han tenido que reconocer que la catástrofe sanitaria era mayor que la que se anunciaba y que el número de muertos superaba con creces al que el gobierno reconocía[21], de igual forma, han tenido que publicar denuncias[22] de actos de corrupción[23] presentados durante el manejo de la crisis sanitaria e incluso, algunos de los voceros, han insinuado el pacto entre medios y gobierno para combatir el fantasma del regreso de Rafael Correa[24]

  • CONCLUSIONES
  1. La pandemia del Covid-19 demostró las múltiples crisis que subsisten en el Ecuador: sanitaria, económica, social, de las estadísticas oficiales y falta saber si éstas a su vez destaparán una crisis política que se ha venido conteniendo desde hace varios meses. El aislamiento decretado tiene como principal obstáculo las condiciones de pobreza y la falta de eficacia del Estado para entregar ayudas financieras y alimenticias a la población que lo requiere.
  • El gobierno, luego de un mes de decretada la emergencia, envió dos proyectos de ley a la Asamblea Nacional, el uno denominado de Apoyo Humanitario para Combatir el Covid 19 y el otro de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, este último, que fue rechazado ya por el órgano legislativo en diciembre de 2019 y que sus normas entraría a regir para el presupuesto de 2022.
  • Aunque los informes de los dos proyectos fueron aprobados en las comisiones de Desarrollo Económico y Régimen Económico, luego de los debates parlamentarios, el cambio de postura de CREO y total rechazo de las Cámaras de la Producción, su aprobación esta condicionada a que que se tope los intereses de los grupos de poder, en especial, la de Apoyo Humanitario. Una vez más el Gobierno, sacrificará a la mayoría del pueblo para mantener el favor de las élites de poder.
  • La no aprobación del Proyecto de Asistencia Humanitaria, podría abrir un momento con tres escenarios posibles: 1. Muerte Cruzada decretada por el Ejecutivo, que le permitiría gobernar por decreto, previo acuerdo con la Corte Constitucional, para que permita que las elecciones no sean convocadas en los siete días siguientes o para que estas puedan realizarse en el calendario que ya ha sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral. 2. Acuerdo entre las élites empresariales para un proyecto que les permita una reforma laboral regresiva, a cambio de contribuciones menores a las que actualmente constan en el proyecto; y, 3. Proyecto de Ley Humanitario se apruebe por el ministerio de la ley, lo que le daría algún oxígeno al Gobierno en materia económica, pero profundizaría su desgaste con todos los sectores.
  • En el escenario se han presentado varios elementos que permiten entrever que hay disensos e incluso disputas al interior del régimen, hasta hoy el elemento cohesionador ha sido representar los intereses de los grupos de poder y “el aniquilamiento político” de la Revolución Ciudadana; sin embargo, ahora los grupos de poder económico apuestan por una carta de continuidad que les permita un gobierno sin mediaciones, la eventualidad del apoyo de ciertos sectores políticos y empresariales, sobre todo de la costa al vicepresidente Sonnenholzner, habría avivado viejas disputas regionales y de poder con los círculos serranos capitaneados por Fidel Egas.
  • El Gobierno Nacional profundiza el conflicto con los gobiernos autónomos descentralizados que se evidenció por el manejo de competencias, autoridad y recursos; pero ahora, pretende que la responsabilidad sobre el levantamiento de la cuarentena sea decidido por los Municipios, sin que dependa de estos  el manejo del sistema sanitario, que es el elemento fundamental, para adoptar una medida de aflojamiento de la cuarentena con criterios científicos, según lo ha dicho por la propia OMS.
  • La posición de las Cámaras de la Producción ha sido muy clara en su poca disposición para nuevas contribuciones y pretenden  la aplicación de los programas de ajuste que fueron acordados con el Fondo Monetario Internacional. Es fundamental subrayar una abierta contradicción con la representación de la pequeña y mediana empresa, que aunque representa PYMES de Pichincha refleja la de todo el país; el énfasis de este sector está en la reactivación productiva y el fortalecimiento de líneas de crédito, que les permita mantener la operación.
  • Los sectores sociales han manifestado de forma unánime su rechazo al pago de la deuda externa; la flexibilización laboral; los despidos masivos; la reducción de salarios en forma permanente de los empleados del sector público y han ensayado diversas propuestas de impuestos a los sectores más favorecidos de la sociedad; sin embargo, su capacidad de oposición a las medidas o a los proyectos de ley, en el marco de la desmovilización generada por el Covid-19, les resta fuerza para convertirse en interlocutores; además subsiste en algunos de ellos, una fuerte tensión con el correísmo, lo que impide acuerdos de mayor alcance.
  • En este escenario, ha sido vital el debate entre diferentes “Think Tanks”, unos representados por economistas ortodoxos, la mayoría de ellos, ex autoridades de Finanzas o del Fondo Monetario Internacional que, apoyados por los grandes medios de comunicación social, abogan por un mayor ajuste económico, eliminación de subsidios  y cargas tributarias indirectas para toda la población, frente a otros que plantean un mayor rol del Estado, permitir condiciones para el financiamiento interno y la reactivación productiva, como requisito indispensable para enfrentar el presente momento.
  1. Un factor de poder del Presidente Lenín Moreno ha sido el apoyo incondicional de los grandes medios de comunicación social, sin embargo, ahora este parece desvanecerse o al menos resquebrajarse y cada día se hacen más evidentes las críticas a las decisiones e incluso denuncias de abusos o actos de corrupción presentadas en el marco de la crisis sanitaria; mientras se multiplican los medios no convencionales que democratizan la discusión y permiten oxígeno a un estilo de comunicación que ha perdido ya la capacidad de informar y menos aún generar la pedagogía necesaria para la reconfiguración de la vida pública que el nuevo momento demanda.

[1] Marulanda Plata, Stevenson, Covid 19 ¿Bisturí o puñal?, Bogotá 30 de abril de 2019

[2] De Souza Santos, Boaventura, La cruel pedagogía del virus, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pp. 20-21

[3] Ibíd., pp. 45-46

[4] https://www.todaunavida.gob.ec/marco-conceptual-grupo-objetivo/ Última consulta realizada el 2 de mayo de 2020, a las 13:21 horas.

[5] Fact Sheet del Grupo Faro, correspondiente a la segunda quincena de abril

[6] Fact Sheet del Grupo Faro, correspondiente a la segunda quincena del mes de abril.

[7] Carta de Prefecta Paola Pabón al Presidente de Asamblea Nacional, el 25 de abril de 2020

[8] https://twitter.com/lassoguillermo/status/1255657132017561600?s=12

[9] https://youtu.be/9C3OZnWQkIw

[10] https://twitter.com/ottosonnenh/status/1256043990631186433?s=20

[11] https://conaie.org/2020/04/07/resoluciones-consejo-politico-de-la-conaie/

[12] Diario El Comercio, publicaciones del 29 de abril y 1 de mayo de 2020

[13] https://docs.google.com/document/d/1DyVUMDKxNs9vskLtQdWZI8hz20Um_iY1FOj-MPdzzHk/edit#

[14] Fact Sheet del Grupo Faro, correspondiente a la segunda quincena del mes de abril.

[15] Fact Sheet del Grupo Faro, correspondiente a la segunda quincena del mes de abril.

[16] https://cdes.org.ec/web/manifiesto-medidas-economicas-propuestas-ante-el-estado-de-excepcion-y-crisis-sanitaria-en-ecuador/

[17] https://confirmado.net/2019/12/23/perfiles-de-opinion-86-considera-que-los-grandes-medios-ocultaron-la-verdad-durante-las-movilizaciones/

[18] https://mailchi.mp/23ac5b19cac5/analisis-de-coyuntura-30-de-abril

[19] https://www.nytimes.com/es/2020/04/23/espanol/america-latina/virus-ecuador-muertes.html Publicación del 23 de abril de 2020

[20] https://youtu.be/9C3OZnWQkIw Opinión Editorial de Carlos Vera, 24 de abril de 2020.

[21] https://www.elcomercio.com/actualidad/guayas-registra-fallecidos-incremento-coronavirus.html. En la publicación del 17 de abril de 2020, El Comercio publicó que existía 10936 fallecidos en 46 días de crisis

[22] “Debe ser tal el poder de estas personas en las más altas esferas del Gobierno, que tenemos procesos en donde hay negocios millonarios, pero exponen a todo el personal al dar poca importancia a la compra de mascarillas N95 o Equipos de Protección Personal”, se indicaba en la carta publicada por el Ex Gerente del Hospital Eugenio Espejo, Pablo Izquierdo, al presentar renuncia el 1 de mayo de 2020, luego de 40 días de gestión. Publicado por:  https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/03/nota/7830480/exgerente-hospital-eugenio-espejo-es-relevado-cargo-habla-actos

[23] https://www.expreso.ec/opinion/editoriales/nuevo-corrupcion-e-impunidad-9522.html Corrupción e impunidad

[24] https://twitter.com/MaJosefaCoronel/status/1256427885189005318?s=20