Por Alexis Moncayo
Meses atrás, así lo bautizaba al caso Sobornos un presentador de televisión, de esos que se creen jueces y fiscales. Hoy me ha provocado titular así también este artículo que nada tiene que ver con ese caso judicial, sino con el juicio político que se desarrollará en el pleno de la Asamblea, en contra de María Paula Romo actual Ministra de Gobierno y que pone en jaque a la alianza política que da vida a la candidatura de Guillermo Lasso.
El parlamento liderado por César Litardo queda en deuda con el país por varias razones, entre las más graves, por haber aprobado leyes que han significado un duro golpe para el bolsillo de los ecuatorianos y que han dado lugar al retroceso en materia de derechos laborales, y esto lo hicieron en medio de la peor crisis sanitaria y económica de nuestra historia.
Al mismo tiempo, esta Asamblea será recordada por haber permanecido impávida ante los acontecimientos registrados en el Ecuador en octubre de 2019, y también por el bloqueo riguroso que mantuvo a las solicitudes de juicio político planteadas en contra de varios de los funcionarios del actual gobierno, por ejemplo, en contra de Richard Martínez, ex Ministro de Finanzas, hay al menos cinco pedidos cuyas quejas y motivaciones son variadas.
Contra todo pronóstico, finalmente el juicio político planteado en contra de María Paula Romo llegará en los próximos días al pleno de la Asamblea, ya hubo en agosto un pronunciamiento unánime del parlamento solicitando al Presidente Moreno que remueva a la funcionaria del cargo, para entonces Romo había sido señalada por Daniel Mendoza, ex asambleísta de Alianza País, como la responsable del reparto de los hospitales y de otros cargos en el sector público.
Vale decir que esa declaración de Mendoza no provocó ni un pestañeo en la Fiscalía, con otros actores y otros casos, una delación como esa bastaría para llevar adelante allanamientos, persecución y linchamiento en los medios que han sido aliados incondicionales.
Romo no fue removida del cargo y con la prepotencia -otros dirían el cinismo- que la caracteriza enfrentó y encaró a los legisladores que buscan censurarla. En sus exposiciones públicas, tanto en las redes como en la sesión de la comisión de Fiscalización donde estuvo acompañada de la cúpula y varios policías más, con actitud amenazante, desde cuando emitió una carta casi exigiendo a la Asamblea que la sesión sea presencial. Se imaginan ustedes a 11 legisladores rodeados de uniformados en una comparecencia de un juicio político, seguramente eso era lo que buscaba.
Ahora eso ya es solo una anécdota, Romo y su juicio irán al pleno, es ahí donde se verá quiénes han sido cómplices de este gobierno, defendiendo, blindando a la principal responsable de la represión de octubre y del reparto de los hospitales (según Mendoza), es ahí donde las bancadas le dirán al país del lado de quién están.
Es una prueba de fuego para la bancada de Guillermo Lasso, CREO que ha sido un actor fundamental en las votaciones a favor de las tesis del gobierno, tiene una brillante oportunidad para decirle al país que no han cogobernado y que el futuro político de María Paula Romo no les importa tanto como la alianza con el PSC que también se pone en juego en esta votación o como la misma elección presidencial de 2021 que podría convertirse en el último intento de Lasso por llegar a Carondelet, aunque Guillermo en varias entrevistas públicas ha reconocido que Romo era su puente y enlace con Moreno.
No debería resultarnos extraño que un bloque que ya no es bloque, ambiguo como ellos solos, que ya no representan al proyecto por el que llegaron en 2017, Alianza País sea quien salga al rescate para dar lugar a una votación que apunte a la censura de parte de CREO eso sí, garantizando que no existirán los 91 votos que se requieren para la censura y destitución de María Paula Romo. Ahí, es clave, lo que pueda hacer el coordinador de CREO y alfil de Lasso en la Asamblea, Luis Pachala quien ha sido uno de los mayores defensores de la Ministra tanto que en su última declaración dijo que “se analizarán las intenciones políticas que existen tras este juicio, pues se tiene que determinar si es contra la ministra o en contra de la fuerza pública”, esto último es parte de un relato que ha tratado de vender la funcionaria a la opinión pública para meter en su mismo saco a la institución policial.