Con una postura tozuda hasta el suicidio político, el gobierno de Lenin Moreno, en el séptimo día de Paro Popular masivo y combativo, ha preferido reprimir con salvaje violencia policial y militar a los miles de indígenas, estudiantes, pobladores y trabajadores que se han levantado en todo el país, antes que derogar el “paquetazo económico” impuesto el pasado 1 de octubre mediante Decreto No 883.
En el discurso oficial, presidente, vicepresidente y ministros han seguido el mismo libreto: no había alternativa, han dicho. Sostienen que es necesario eliminar los subsidios a los combustibles (gasolina y diésel), para que incluso se evite poner en riesgo la dolarización. Afirman, de manera obsesiva, que hay que recortar el gasto público, incluso a costa de vulnerar grave e inconstitucionalmente, los derechos laborales de los servidores del estado. Y pretenden posicionar, que es de “interés común” que se aligeren las cargas a los sectores importadores y empresariales, eliminando o bajando aranceles y disminuyendo el impuesto a la salida de capitales (ISD).
El hecho es que la alianza entre el gobierno, las cámaras de comercio, la asociación de bancos privados y otros gremios empresariales, se han sometido, con no poco agrado, a lo que dicta el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los acuerdos que ha firmado con el régimen.
En efecto, las medidas económicas del 1 de octubre –que son un adelanto de otras que se enviarán próximamente a la Asamblea Nacional como reformas económicas, según han anunciado voceros del gobierno-, vulneran gravemente a la mayoría de personas, lesionan la economía y no contribuyen a resolver ninguno de los problemas fiscales o de cuenta corriente, incluso poniendo en riesgo, el sistema de dolarización.
La eliminación de los subsidios: a la gasolina extra con etanol que incrementará su precio en 75 %, a la gasolina extra, que subirá en 60 % y al diesel que aumentará en más de 200 %, encarece el precio de todos los bienes y servicios (en un país ya caro). De ahí que se hayan movilizado inmediatamente los pequeños campesinos de la sierra, porque esta medida aumenta sus costos de transporte y el precio de todos los productos (sobre todo los que compran al sector urbano), deteriorando aún más su situación de pobreza. Cabe destacar que la pobreza rural pasó del 38,2 % en diciembre de 2016 a 43,8 % en junio de 2019; mientras que la extrema pobreza subió de 17,6 % a 17,9 %, en ese período. Así mismo se entiende la reacción de estudiantes secundarios, universitarios y pobladores, especialmente de Quito, pues la pobreza en la Capital pasó de 7,9 % en junio de 2016 a 11,9 % en este año; y la extrema pobreza de 1,7 % a 3,6 %, en el mismo período. La elevación de los precios del transporte en Quito, por ejemplo, significa que una persona que toma 4 buses diarios, va a pasar de un gasto en transporte de 1 dólar por día a 1,40 dólares (42 dólares al mes), equivalente al 10,6 % del salario mínimo mensual.
Se ha anunciado que se van a disminuir los salarios de los empleados públicos, a través de medidas como la renovación de los contratos ocasionales con un 20 % menos de su remuneración; el aporte de un día de sueldo por mes y la disminución de 15 días de vacaciones al año. Medidas brutales en un país donde el empleo adecuado bajo de 41,2 % en diciembre de 2016 a 37,9 % en junio pasado; y donde la previsión de crecimiento de la economía para este año, según el propio FMI, es de -0,5 %. Si suben los precios, si el crecimiento es negativo y se congelan o disminuyen los salarios, el resultado lógico es una caída del poder adquisitivo y un tremendo deterioro de las condiciones de vida. Pero además está el perverso señalamiento al servidor público como una persona vaga e improductiva (por eso le disminuyen las vacaciones a la mitad del tiempo), que hace parte de la estrategia de desvalorizar todo lo público, para sostener la propuesta, también fondomonetarista, de “monetizar” los activos públicos, léase privatizarlos.
Pero a las dificultades en las condiciones de vida de la población, se suman los beneficios a los sectores importadores y empresariales, a costa del ya deteriorado sector externo. En un país dolarizado, donde la balanza comercial no petrolera cerró el año pasado con un saldo negativo de USD 4.958,5 millones, mediante el “paquetazo” se decide eliminar o reducir aranceles para bienes de capital (maquinaria, equipos y materia prima agrícola e industrial), celulares, computadoras y tabletas. Igualmente se reduce a la mitad el impuesto a la salida de capitales (ISD) para algunas importaciones y el impuesto para vehículos de menos de USD 32.000. Todas estas medidas tendrán impacto negativo en la liquidez, debido a la salida de dólares, comprometiendo, entonces sí, a la dolarización.
Resulta indignante que en una economía en caída desde el 2017, donde las ganancias de los bancos han aumentado de USD 396 millones en ese año a USD 554 millones en el 2018, el “paquetazo económico” del 1 de octubre siga acrecentando los beneficios de los grandes poderes económicos. Así es como, se decidió gravar con una contribución pírrica a las empresas con ingresos superiores a los USD 10 millones al año, la misma que generará apenas USD 100 millones anuales para el fisco (menos de 0,1 % del PIB); así como eliminar –de forma indiscriminada- el anticipo del impuesto a la renta. Estos beneficios fiscales se suman a los que ya recibieron, empresarios morosos o evasores, el año pasado, cuando el gobierno les perdonó las multas, intereses y recargos a las deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y con los municipios, en un monto que bordea los USD 4.000 millones (cerca del 4 % del PIB).
Según anuncio del ministro de economía al día siguiente del paquetazo, este generará ingresos por USD 2.986 millones y el “sacrificio fiscal” –léase transferencias directas a importadores y empresarios-, será de USD 713 millones. En cambio, la “compensación social”, por aumento de 15 dólares a los “más pobres”, apenas significarán USD 54 millones, si es para los 300.000 nuevos pobres, o USD 234 millones, si es para el un millón 300 mil ciudadanos que recibirían el bono de desarrollo humano, en el mejor de los casos. Esto no queda claro.
Lo que si queda claro es que las medidas arancelarias y tributarias no contribuyen a solucionar el déficit fiscal, ni los problemas del sector externo, ni tampoco los problemas productivos. Agravan, eso si, las ya deterioradas condiciones de vida del mayoritario sector de ingresos bajos y medios de la sociedad.
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* Ecuatoriano, Economista, Master en Economía por la Universidad de Lovaina, Bélgica, ha sido Ministro de Economía y Finanzas, Ministro de Política Económica, Presidente del Banco Central del Ecuador, Asambleista Consituyente en Montecristi, Presidente del Movimiento Poder Ciudadano. Miembro de la Comisión para la Verdad sobre la Deuda de Grecia, constituida por la Presidenta del Parlamento Helénico, Zoe Konstantopoulou en abril del 2015.