Los tres años del gobierno de Moreno hicieron posible un consenso amplio y duradero entre sectores muy heterogéneos del país. No hay que distraerse demasiado con los conflictos superficiales, en las cuestiones de fondo la solidez de ese consenso es incontrovertible. Es un consenso insólito, no cabe duda, pero todo indica que esa condición excepcional explica precisamente su fortaleza. Uno de los elementos aglutinadores de ese consenso es el anticorreísmo. Más precisamente evitar como sea el regreso del correísmo al poder. Por eso bastó el anuncio de las candidaturas de la Revolución Ciudadana para que el consenso tácito volviera a cerrar filas dándole nuevo aliento al manido recurso de la estigmatización y la ostracismo. Esos sectores no solo guardan silencio sino que están complacidos con las estratagemas antidemocráticas que el aparato de poder utiliza para proscribir o limitar las garantías de participación política del correísmo.
En la actual situación, la principal fuerza política carece de movimiento político propio. El grupo de Moreno se quedó con Alianza País para liquidarla. El correísmo venía participando con un partido que no era el suyo, luego de que se le impidió de todas las formas posibles inscribir uno nuevo, y en este último mes ha debido cambiar nuevamente de organización política a causa de los obstáculos que el aparato administrativo-judicial del pacto de poder ha puesto en el camino para impedirle su participación. En estos días el recurso al libreto fascistoide del anticorreísmo alcanzó su expresión más grotesca: un infausto funcionario de gobierno amenaza anticipadamente con cárcel a los eventuales candidatos del correísmo; pocos minutos después del anuncio de candidaturas, el aparato de propaganda mediática se activa y desata una campaña de desprestigio contra el candidato Aráuz; unos días más tarde se emiten criterios jurídicos atropellados, fuera de toda norma, para asegurar que Correa quede fuera de la carrera electoral. Eso sin olvidar que hace algún tiempo atrás se supo que uno de los miembros del CNE advertía explícitamente que la intención de aplazar las elecciones lo único que buscaba era proscribir a Correa.
La vulneración del carácter democrático de las elecciones no es una posibilidad futura, la democracia ya está quebrantada seriamente. Aunque el correísmo logre sortear las trabas deliberadas que el aparataje jurídico-administrativo del poder ha impuesto, las elecciones de 2021 tendrán lugar en el marco de una democracia restringida. Esto ha ocurrido por la desigualdad de condiciones que los tres años de persecución política han generado, pero no solamente por eso, esto es una consecuencia de algo más profundo. La estrategia del pacto de poder para enfrentar al correísmo no tenía opción, su único derrotero posible era socavar la legitimidad democrática de la representación política, crear un gran vacío de legitimidad y –con ello- desprestigiar la política hasta el extremo. Clausurar los siempre problemáticos y débiles canales de expresión democrática popular era un factor central para consolidar ese pacto de poder. De modo que, fuerzas políticas, económicas y sociales con escasa legitimidad democrática, para quienes era imposible recuperar sus espacios de poder estatal anteriores al correísmo por vía electoral, convergieron en que el modo más adecuado de conseguirlo era por la vía antidemocrática del reparto y el clientelismo, viejos mecanismos de la política ecuatoriana.
Prolongar la actual situación con un recambio de posiciones parece ser la apuesta de todos los grupos de ese acuerdo no tan implícito. Es una jugada que apuesta a que en 2021 alguien del pacto recogerá los naipes de la mesa para volver a repartirlos sin cambiar las reglas del juego y hay qué saber cómo jugar las muchas o pocas fichas que se tengan. Si algo han demostrado esos grupos en estos tres años es que sencillamente el país les tiene sin el más mínimo cuidado, siempre están primero los intereses personales, del grupo económico, del partido o de la organización. Mantener el “nuevo orden” que esos sectores “construyeron” en estos tres años, remozándolo con un ropaje nuevo, es muy conveniente para todos los que han participado de una u otra forma en el pacto de poder, pero no lo es de ningún modo para un país que no tiene mucho tiempo antes de su colapso como república.