Hace unas semanas se publicaron los detalles de CNT y Armiled, la nueva guarida del morenismo offshore. El contenido no pasó desapercibido y fue reproducido incluso desde las redes sociales del expresidente Rafael Correa. También se documentó que Darwin Romero, amigo personal de Moreno, tiene empresas offshore vigentes mientras ocupa la Gerencia de la empresa pública CNT: CNS Panamá S.A y OPTELSA S.A.
Sin embargo, en lugar de que Moreno destituya inmediatamente a Romero, a María Paula Romo y a Silvana Vallejo del SERCOP por permitir contratos de seguridad a dedo por $26 millones de dólares entre Gerentes de Empresas Públicas que son dueños de empresas offshore en paraísos fiscales, con empresas privadas cuyos accionistas son dueños de empresas offshore en paraísos fiscales, Romo, nuevamente, y como venganza ante la denuncia de esta trama de ilegalidades y posibles delitos penales, dispuso que se despidan a decenas de funcionarios de altísimos perfiles profesionales contratados por SERCOP sospechosos de ser “infiltrados”. Esta disposición irrespetó la dignidad de personas que tenían discapacidades físicas y que, sin motivo, también fueron separados. La excusa utilizada fue: “es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
Imagínense lo bien que le haría a la Policía Nacional un contrato por $26 millones de dólares, ahora que está tan abandonada la seguridad en el país, también como consecuencia de los despidos solicitados por el Fondo Monetario Internacional. Un policía de grado 5 gana $1002 al mes; los $26 millones de dólares entregados a Armiled permitiría pagar a 1730 policías durante un año incluyendo todos los beneficios de ley.
Armiled, vinculado a uno de los amigos más cercanos de Moreno, Danny Walker, recibió contratos a dedo por $26 millones de dólares. Es casi el 15% de las utilidades anuales de CNT. En el contrato más grande, por $11 millones de dólares, Armiled obtiene un puntaje de 100/100, el resto de empresas obtiene 0/50, 0/10, 0/16, 0/14 en los parámetros de calificación de oferta y experiencia. Eso se llama corrupción. ¿A dónde va ese dinero?
Walker y el actual gerente de Armiled también comparten algunas offshore en Panamá: CLUB DEPORTIVO DEL VALLE INC., LEIDASA INC. y SABILE ASSETS INC. Aquí cabe una pregunta para expertos en fútbol profesional “panameño”: ¿Por qué un dirigente del Aucas #ÍdoloDeQuito tiene una offshore que se llama Club Deportivo del Valle Inc. en la Ciudad de Panamá?
Por su parte, el contrato para la valoración y privatización de CNT, también solicitado por el FMI como parte de su condicionalidad, fue entregado a dedo a Guggenheim Investments que también es una empresa offshore. ¿Qué tiene que decir al respecto la Directora del SERCOP? Nada. Fiel como es a la defensa de los grandes importadores, es lógico que no le preocupe que el dinero salga del país; sin embargo, sus omisiones están permitiendo que empresas con accionistas en paraísos offshore sean contratistas del Estado, lo que es ilegal. ¿O también ya derogó esa disposición la Directora del SERCOP?
La reunión secreta de Santiago Cuesta para ordenar que los servidores públicos “tuiteen” a favor de las dos offshore INA Investment Corp. Belice e INA Investment Corp. Panamá de la familia Moreno Garcés, coincide con el despido masivo de servidores públicos ordenado por el FMI.
Parece que en CNT también han despedido a muchos servidores públicos, al punto que para justificar el fraude informático, los Consejeros del Consejo Nacional Electoral que responden a los banqueros privatizadores ¡culparon a la CNT!
Adicionalmente, a partir del artículo publicado por Ruta Krítica, Darwin Romero dejó de ser Gerente de CNT EP. Se debe aclarar que ante la magnitud del acto cometido por Romero, su renuncia no cabía, así como tampoco su remoción. La única figura viable, al estar en violación de la Ley de Paraísos Fiscales, era su destitución. No se sabe si Romero fue destituido como correspondía.
Finalmente, y sobre los servidores públicos despedidos en Sercop, Vallejo se equivocó al sumarse a los perpetradores de la ilegal persecución política y el rompimiento de la Constitución que vive el Ecuador. La información utilizada es PÚBLICA gracias a la Ley Orgánica y el Sistema Oficial de Contrataciones que fueron creadas y fortalecidas desde 2008. Cualquier empresa de seguridad que ha tratado de competir contra Armiled sabe exactamente de lo que se está hablando.