No se puede gobernar destruyendo lo legal, acabando lo legítimo

DESTRUYENDO LO LEGAL

En este último año que ha pasado en la vida política del país, con nuevo gobierno de la revolución ciudadana y Lenín Moreno, tras una década del mandato de Rafael Correa Delgado (2007-2017), el Ecuador ingresó de manera sospechosa y violenta en uno de esos períodos turbulentos de violación de la ley como una especie de comportamiento justificante de tratar de gobernar para sus afanes, diferenciándose del anterior.

Forma parte fuerte del manejo gubernamental actual el haber llamado a la consulta popular del 4 de febrero pasado, para tratar de alcanzar gobernabilidad acabando con el correismo según sus propias expresiones. El régimen apuró de manera fraudulenta la convocatoria sin respetar las normas establecidas y no querer valorar que las leyes se aplican en toda su integridad, que es válido desde la norma más simple hasta la disposición constitucional suprema, no debe violentarse ese proceso ya que el derecho es un todo completo. Y esto lo digo porque el trámite del pedido presidencial entregado el 2 de octubre de 2017 ante la Corte Constitucional debió respetar el Reglamento que norma la presentación de consultas, que manda que se postergan hasta 10 días mas por la presentación de los amicus curiae que para el caso rebasaron los 100, que pudieron exponer sus causas. El plazo debía cumplirse al 7 de diciembre con un debate certero, más, el 1 de diciembre el gobierno de Moreno Garcés optó por acusar de violación de tiempos y en forma apresurada llegó al CNE a exigir que se apruebe la consulta, y así se hizo.

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