Con una similitud con Argentina que asombra, Ecuador tiene su propia causa de los cuadernos. En esta ocasión no se trata de un chofer como Oscar Centeno sino de Pamela Martínez, una ex asesora que anotaba supuestos pagos indebidos para funcionarios de Rafael Correa de parte de empresas trasnacionales. 

La trama judicial no es nueva, ya que, desde el divorcio político de Correa con el actual presidente Lenín Moreno y la decisión de dictar prisión preventiva contra el vicepresidente Jorge Glas por una causa que carece de pruebas, con el pasar de los años se ha vuelto un símbolo de cómo el sistema de justicia viola las garantías constitucionales, la presunción de inocencia y el debido proceso. 

El escenario de persecución continuó con algunas causas contra el expresidente Rafael Correa, que van desde acusaciones de irregularidades en torno a PetroChina, pasando por un tramite administrativo presupuestario y la insólita denuncia que ubica a Correa como cerebro de un secuestro contra el opositor Fernando Balda en Colombia. 

A su vez, el deterioro institucional dio otro paso en febrero de 2018 cuando se aprobó por la vía de referéndum una nueva Constitución que impide la reelección de Rafael Correa y cambiar buena parte de las instituciones instaladas con la Constitución de Montecristi de 2008, además de modificar el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

En una entrevista reciente con Resumen del Sur, la asambleísta Gabriela Rivadeneira, explicó que el CPCCS cumplía el rol de generar veedores sociales encargados del empoderamiento ciudadano de la actuación del Estado y nombra a las autoridades de todos los organismos de control. Este fue el objetivo desde el principio, que las decisiones las tomen las mayorías circunstanciales de los partidos políticos tradicionales. 

Otro punto que emparenta las realidades en Argentina, Brasil y Ecuador es la figura de un fiscal fuerte con mucha cobertura mediática que se presenta como abanderado de la justicia contra la corrupción. En Brasil fue Sergio Moro, hoy ministro de Seguridad y Justicia de Jair Bolsonaro y puntal de la ofensiva contra Lula Da Silva mediante delaciones premiadas cuestionadas por haber sido orientadas para perjudicar al exmandatario brasileño y en Argentina Carlos Stornelli  lleva (y sigue llevando) la causa de los cuadernos que se basó en la extorsión a empresarios para que acusen a Cristina Fernández de Kirchner y que luego de las revelaciones del juez Alejo Ramos Padilla se demostró un entramado que incluyó a servicios de inteligencia, periodistas, jueces y dirigentes políticos. Stornelli está en rebeldía acusado de espionaje ilegal y extorsión y con pedido de desafuero y remoción. 

En el caso ecuatoriano lo cumple Diana Salazar, joven, con mucha presencia en los medios de comunicación y formada en Estados Unidos, como Moro. Salazar está empujando más de 300 causas contra dirigentes del correísmo y el propio Rafael Correa. 

La fiscal ecuatoriana se hizo cargo de varias denuncias que, como en Argentina con Cristina, terminan de la misma manera: pedido de prisión preventiva. Odebretch y Carondelet fueron algunas. 

Una de las más insólitas es la que involucra al excanciller Ricardo Patiño, donde Salazar ordenó su detención por haber dado un discurso en una reunión partidaria con la militancia. 

La versión ecuatoriana de los cuadernos de la corrupción nació gracias a filtraciones aportadas por ONGs y agencias gubernamentales norteamericanas como NED y Usaid, idéntico a los primeros datos en la Operación Lava Jato en Brasil. 

El caso muestra cómo Salazar construyó una acuerdo con Pamela Martínez bajo la figura de “cooperador eficaz” (similar a la delación premiada de Brasil y el imputado colaborador de Argentina) luego que Martínez fuera detenida de forma ilegal y sin proceso. Centeno quemó los cuadernos, Martínez eliminó el contenido de su pendrive con un elemento adicional mencionada por la propia protagonista que es que el cuadernos lo escribió el año pasado durante un vuelo de avión, algo así como un aluvión de recuerdos de coimas y sobornos.

El poder judicial tiene a Correa en la mira porque el telón de fondo es impedir su retorno a la arena política y, si bien no puede ser candidato a presidente, se espera que pueda forma parte de una fórmula que lleve a otro dirigente como cabeza de lista. 

El Movimiento Revolución Ciudadana ganó dos de los tres estados más importantes en las últimas elecciones regionales, siendo la principal fuerza opositora en un país acechado por el FMI con Rafael Correa arriba en todas las encuestas. En Argentina ya sabemos el final de la película, habrá que esperar el desenlace ecuatoriano.

Tomado de: https://www.resumendelsur.com/2019/09/06/cuadernos-ecuatorianos-guion-se-repite/

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