Morenismo socialcristiano 2018: nos deja reparto, saqueo y paquetazo

Economía|Ezequiel O. Salinas|

Ezequiel O. Salinas

Sin lugar a dudas, la Ley Trole 3 es el principal hecho económico del año. Ahí está sintetizado toda la estrategia del morenismo socialcristiano que está gobernando el país. Es en ese cuerpo legal que dejaron por escrito el saqueo a la Patria. Pasaremos revista en tres grandes secciones.

  1. La razón de ser de la Trole 3: condicionalidad ex ante del FMI

La existencia misma de la ley, enviada el 24 de mayo de 2018 apenas posesionado Richard Martínez, sin informe técnico previo, evidenció el cumplimiento de los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Era suficiente con regresar a ver el paquete que firmó Mauricio Macri, en Argentina, con el FMI para saber lo que iba a pasar en el Ecuador. La Argentina de Cristina Fernández estaba creciendo, que había reducido pobreza y que no requirió de endeudamiento externo porque controló agresivamente su sector externo –controló las importaciones, limitó la fuga de capitales y se financió con recursos nacionales–. Vino Macri, abrió las importaciones, alentó la fuga de capitales y se endeudó masivamente con Wall Street y con el FMI. El gabinete de Macri está plagado por empresas offshore.

Es copia y calco lo que pasó en Ecuador. El gobierno del morenismo socialcristiano abrió las importaciones al derogar la tasa de control aduanero, desreguló los controles de calidad de las importaciones –que los productores nacionales sí deben cumplir– y los sustituyó por declaraciones juramentadas fraudulentas. Incluyó exoneraciones para el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para el lavado de dinero a través de paraísos fiscales. Es decir, permitió que las empresas que no paguen impuestos en el Ecuador y registren los capitales a nombre de compañías offshore puedan retornar sus capitales al país pero que no tengan que pagar ISD cuando los vuelvan a sacar. Se registra infinidad de compañías, de manera fraudulenta, como Inversión Extranjera Directa –incluyendo muchas de las empresas de los miembros del gabinete-. El morenismo socialcristiano incluyó una disposición en la Trole 3 que dispone reducir el Impuesto a la Salida de Divisas. Esto en sí mismo es un atentado directo contra la dolarización, pero en combinación con los otros factores, es un cóctel mortífero. 

Este cambio total de orientación económica es, sin dudas, inconstitucional, pero responde directamente a la estrategia solicitada por el Fondo Monetario Internacional. La Ley era necesaria para blindar en el tiempo este cambio de orientación económica. Fue expedida durante el mundial de fútbol y con carácter económico urgente. Finalmente, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, pues en la Asamblea no hubo suficientes votos para dar la aprobación final luego del segundo alcance al veto parcial. Sin embargo, esta ley puede ser reversible de regresar un gobierno progresista al poder. Por esa razón –al igual que en Argentina– deben atar los contenidos de la ley a un compromiso internacional. Están haciendo lo posible para incluir los contenidos de la Ley Trole 3 en el TLC con Estados Unidos, pero el proteccionismo de Trump impide avanzar más rápido. También están haciendo lo posible para incluir los contenidos de la Ley Trole 3 en los Tratados y Protocolos de la Alianza del Pacífico, pero el giro a la izquierda en México les ha complicado el objetivo. La forma de atar los contenidos de esta ley privatizadora, neoliberal, atentatoria contra los derechos humanos de los ecuatorianos –al punto que hasta la Defensoría del Pueblo transitoria la observó, importante para la posteridad– con un compromiso supranacional es blindándola con un acuerdo internacional firmado con el Fondo Monetario Internacional a cambio de recibir liquidez, por goteo, para pagar lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? ¿Los sueldos de los médicos y la atención en los hospitales? No. Lo indispensable para esta gente –acreedora como deudora– es la deuda externa a Wall Street: Goldman Sachs y Credit Suisse, porque si no la deuda se multiplica por dos.

Han construido todo un escenario legal y económico para ir al FMI. Quitaron las fuentes de financiamiento interno con el perdón de las deudas tributarias, cambiando los contratos petroleros y mutilando el financiamiento disponible por parte de las instituciones públicas. Privilegiaron quedar bien con las transnacionales petroleras y las mineras –devolviéndoles dinero y eliminando el impuesto a los excedentes– en vez de buscar la renegociación de los contratos que favorezcan al Estado. Resulta obvio luego de que el morenismo socialcristiano puso a un ex gerente de una transnacional corrupta como Halliburton, contratista de sectores estratégicos, a cargo del sector energético y minero. Montaron una auditoría de la deuda –no para buscar quienes son los tenedores de la deuda externa, ¡no!– para auto-constituir una veeduría arbitraria e ilegal compuesta por representantes de los tenedores de los bonos con banqueros y abogados de banqueros, entre ellos León Roldós y Ramiro Crespo. Y mediante esa auditoría, luego cristalizada en la Trole 3, eliminaron la posibilidad de que el Estado pueda financiarse a sí mismo, como sí lo ha hecho cualquier proceso exitoso de desarrollo nacional. Como lo estaba logrando Argentina antes del descalabro con Macri.

Hoy dice el Ministro de Economía –ex presidente de la Comité Empresarial Ecuatoriano– que tienen que raspar la olla para salir mes a mes. Eso es producto de una situación fiscal auto inducida, mediante la eliminación de instrumentos de financiamiento y una política económica que no contribuye al crecimiento económico, ni a la redistribución y mucho menos a la garantía de derechos. El gasolinazo está escrito en la Ley Trole 3. Cuando se refiere al superávit primario y cuando se refiere al fondo de “excedentes” del precio del petróleo. Por eso es que la prensa mercantilista, al unísono, pedía a gritos la subida del precio de la gasolina hace meses ya, porque esto era parte de la estrategia –y era parte de las condiciones del FMI–.

  1. Inversión extranjera: arbitrajes internacionales, lavado de dinero y corrupción

La Ley Trole 3 fue también clave para revelar los pactos secretos del gobierno de Moreno con quienes lo sostienen en el imperio y en las élites socialcristianas gobernantes. Pensaron ser inteligentes en incluir, camuflados en veinte leyes reformadas y una infinidad de disposiciones generales y transitorias, los actos corruptos de su gabinete.

En la Trole 3 incluyeron palabritas simples e inofensivas como son “simplicidad administrativa” pero las usaron para que la nueva encargada del Servicio de Rentas Internas (SRI) elimine el requerimiento de información de las cuentas en el exterior y en paraísos fiscales –mayores a 100.000 dólares– que tienen las familias más pudientes del Ecuador. Incluso asumiendo como cierto el discurso de la lucha contra la corrupción, ¿no hubiera sido útil tener esta información –de los últimos 5 años, como en efecto pedía la resolución del SRI implementada por Leonardo Orlando–?

La Ley Trole 3 incluye una serie de repartos para la inversión extranjera. Los artículos de la ley son específicos al brindar beneficios tributarios para las inversiones que lleguen particularmente de paraísos fiscales. No solo va contra el espíritu de la consulta popular de 2017, sino que va directamente en contra de la tendencia internacional de desincentivar las inversiones provenientes de empresas de papel. En poco tiempo, se reveló que las empresas de la familia ecuatoriana del Ministro Pablo Campana están a nombre de empresas extranjeras, que los grandes banqueros que le apoyan también invierten en el Ecuador como inversión extranjera y que los “empresarios” como Eduardo Jurado involucrados en la estafa masiva de débitos bancarios no autorizados –y sin factura– también invertían en el país con la modalidad de inversión extranjera. Hasta los amigos subcontratistas de los sectores estratégicos –a confesión de parte, relevo de prueba– del mismísimo Moreno Garcés le regalaron muebles (¿o los “embodegaron”?) mediante el uso de una empresa de inversión extranjera. Hasta el Vicepresidente en ejercicio de la presidencia admitió que lavaba dinero con la modalidad de round tripping mediante la figura de inversión extranjera porque tenía una offshore de papel en Panamá pero “con patrimonio en el Ecuador”. ¡Por eso es que se llenan la boca de inversión extranjera!

Esconder dinero del fisco –hay grupos económicos nacionales que nunca decidieron dar detalles sobre las empresas de papel reveladas por los panama papers– es un delito anterior del lavado de activos. Y permitir que el dinero de lavado de dinero ingrese al país –y para el colmo con exoneraciones tributarias– es un acto de corrupción complaciente con lavadores de dinero que defraudan al Estado, a la sociedad y que compiten injustamente con empresarios honestos que tienen su dinero en el Ecuador y que tributan de forma comprometida con el país. Muchos de los grandes grupos económicos además recibieron el perdón de parte de sus deudas tributarias –en promedio el 54%–. Existían alternativas, muchísimas. Entre ellas, una norma simple –acompañada por medidas que prevengan su elusión– que impida que empresas que tienen deudos con el fisco, con la seguridad social o con sus trabajadores puedan obtener permisos de importación en el Servicio de Aduanas. Simple y a la vena: si debes al SRI no puedes importar nada.

Quizá lo más lamentable de la Trole 3, por lo burdo y grosero, fue el segundo alcance al veto parcial enviado por Moreno Garcés. En el informe para segundo debate se quiso incluir un texto que vanagloriaba a los tratados bilaterales de protección de inversiones (TBI) y que reconocía su legitimidad a pesar de que habían sido dados por terminados hace más de un año. Aunque abiertamente inconstitucional, no generaban compromisos vinculantes. En el debate final –y a pocos minutos antes de la votación final– a propuesta del asambleísta socialcristiano Luis Fernando Torres, se incluyó una redacción en la que se obligaba a que el Ecuador firme contratos con arbitraje internacional. Pero este texto se contradecía con el Código de la Producción que establecía requisitos mínimos previos a cumplirse para pactar arbitraje internacional. En la primera versión del veto parcial de Moreno, de forma acertada y cumpliendo todas las formalidades, se daba de baja lo incluido por el socialcristiano y volvía al texto del Código de la Producción. Pero sorprendentemente, en un oficio firmado “Quito, 24 de julio”, cuando Moreno estaba en Europa y Campana en Washington, que no tenía numeración, que nunca se publicó en el portal de la Asamblea Nacional, que fue “recibido” de forma manual, a destiempo de los plazos constitucionales y no tenía la motivación adecuada –todos causales de falsedad ideológica y el caso de documento público su uso es un delito penal– Moreno Garcés se desdice de su veto parcial. En ese texto –hecho al apuro y cuyo original nunca ha aparecido– no solo que acata lo planteado por Torres sino que va más allá e incluye una disposición que hace de obligatorio cumplimiento los laudos arbitrales sin pasar por filtro previo, a pocos días que el resto del país conozca del laudo del caso Chevron. Es aquí que se denunció el pacto oscuro que existía entre Campana y Chevron, que el mismo Campana lo había confesado ante un medio de la India en septiembre de 2017.

Las consecuencias que puede tener el acatar el laudo de Chevron sin filtro alguno son nefastas. Implica un riesgo económico de cerca de diez mil millones de dólares. Un uno y diez ceros. El Ministro que raspa la olla ya ha incluido este monto entre las “obligaciones contingentes” de sus estadísticas ministeriales y está planificando pagar. Una consecuencia inmanejable para el Ecuador que vuelve a ver privilegios para el capital transnacional en desmedro de los derechos de sus ciudadanos. El gobierno de este ministro no se ha pronunciado en ningún momento en contra de Chevron ni sus prácticas de “inversión extranjera”. Al contrario, el gobierno (Campana, de Comercio Exterior y Pérez, de Energía) ha mantenido firmemente que busca volver a firmar tratados bilaterales de inversión y para ese fin han solicitado una reinterpretación a la Corte Constitucional. En la nueva Corte tienen clara que la tarea es dar paso a esta reinterpretación y por ello constan dos alfiles socialcristianos: Teresa Nuques, del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y Enrique Herrería, nefasto personaje vinculado al golpe el 30 de septiembre y a violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Febres Cordero.

  1. Lo que está pendiente de la Trole 3: privatizaciones y competitividad laboral

La Trole 3 tiene una sección dedicada a facilitar la privatización de activos públicos. Entre las modificaciones consta la facilidad para que los estudios técnicos y de valoración de los activos los paguen los mismos compradores. Esto es una sinvergüencería y ningún organismo internacional recomienda proceder así. La cabeza del rol privatizador es el consejero Santiago Cuesta, delegado de Nebot. Nadie duda que busca lucrar personalmente, pues ya cumplía este rol incluso antes de que Moreno lo nombre en el gabinete cuando trajo a Paul Manafort para ese mismo objetivo.

Incluyeron ese artículo en la Trole 3 porque de esa manera se agilita el proceso de privatización. Sin un estudio de valoración que haga el vendedor, no hay precio con el que se pueda comparar. Tampoco hay simetría de información pues el comprador tiene acceso a más datos que los otros posibles compradores. A esto se debe acompañar la estrategia mediática (nacional e internacional) de denostar la calidad de las obras construidas en el período de Rafael Correa, como una manera de acompañar mediáticamente la sub-valoración de los activos públicos. El desfinanciar a las empresas públicas, como se hizo en la Trole 3 y en su reglamento recientemente expedido por Moreno Garcés, también contribuye a debilitarlas y a motivar su privatización.

Pero esta no es una suposición. Es una alerta máxima. Pues el gobierno ha enviado un presupuesto –aprobado por el Ministerio de la Ley por falta de votos– que incluye mil millones de dólares en ingresos por privatizaciones. En declaraciones públicas Santiago Cuesta decía que ingresarían entre 25 y 30 mil millones de dólares. Ahora en el presupuesto solo consta el 4% de eso. Estamos siendo testigos de un posible saqueo masivo del patrimonio productivo y rentable de los ecuatorianos.

Van a querer engañarnos nuevamente diciendo que las privatizaciones son medidas dolorosas para cubrir el hueco que dejó la corrupción. Lanzarán cifras antojadizas de 30 mil millones de dólares. Recuerden que Cuesta valoró las privatizaciones en 30 mil millones de dólares. La privatización de la infraestructura eléctrica es más grave. Porque quien compre las hidroeléctricas no estará satisfecho con tenerlas, sino que buscará “monetizarlas”. Y para eso, requiere cambios en la ley eléctrica –que se está discutiendo en la mesa de Esteban Albornoz, también conocido como EsAl– para que el precio de la luz sea desregulado y pueda subir. Si no, ¿de dónde vendría la ganancia del que “compre” la hidroeléctrica? Nuevamente, tomen como espejo a Argentina y examinen la subida inmensa del precio de la luz que permitió Macri.

Pero queda un tema clave pendiente, que la Trole 3 arroja apenas unas pistas: la desregulación laboral. En la Trole 3 se eliminaron algunos derechos de trabajadores públicos y privados. Por un lado, se legitimó la doble contabilidad en el caso de las remisiones tributarias: una contabilidad para pagar impuestos y otra contabilidad para pagar utilidades a los trabajadores. Por otro lado, se reformaron varias leyes laborales del sector público donde se anticipaban los despidos masivos, la paralización de concursos de méritos y oposición y la facilitación de despido de policías. El impacto del desempleo se sentirá muy fuerte en enero de 2019. Estos despidos y esta vulneración de derechos aumentan los índices de precarización laboral. Ex funcionarios públicos buscarán trabajo en el sector privado y presionarán los sueldos a la baja. Este es el objetivo del Ministro que raspa las ollas –que las familias raspen ollas-.

El FMI ha insistido que se requiere “devaluación interna”, “competitividad laboral” y otros eufemismos para referirse a la necesidad de reducir los salarios. Como en Argentina lo logran mediante la devaluación masiva de la moneda, en Ecuador lo tienen que lograr con métodos alternativos. Aquí está la principal disyuntiva. El FMI ha sido claro: “o bajan los salarios o devalúan la moneda”. Con el gasolinazo y el anuncio de la subida del diésel a partir del 15 de enero de 2019, los precios ya están subiendo. ¿Cómo se logra “competitividad” en dolarización con subida de los precios de la energía? ¿Como dice el FMI?

No se dejen llevar por esta falsa disyuntiva. La competitividad espuria es bajar los sueldos o devaluar la moneda. La competitividad real se logra con una población más productiva: saludable, capacitada y feliz. Con infraestructura de primera y garantía de servicios públicos. Y con ciencia, tecnología, innovación y por supuesto: educación, educación, educación. Pero esto no es lo que piensa el gobierno ‘empresarial’. Nos llevarán, con la prensa mercantil al unísono, al chantaje del siglo. Nos propondrán la disyuntiva: o bajar los salarios o salir de la dolarización.